Denuncian que los mineros, alegando pertenecer a la comunidad Ñekejahuira, iniciaron una campaña de criminalización en contra de los verdaderos comunarios y defensores del medioambiente y de las tierras de Tres Marías, dedicados al cultivo florícola y la producción de miel.
> Los comunarios denuncian constantes atropellos de los mineros bajo el argumento de que cuentan con “derechos preconstituidos” sobre las tierras para no realizar consulta previa, una situación que la senadora Cecilia Requena calificó como “monstruosa”.

Tras conocerse la emisión de órdenes de aprehensión en contra de dirigentes y defensores ambientales en la comunidad Tres Marías de Yanacachi, los pobladores dedicados al cultivo de flores se declararon en estado de emergencia y víctimas de persecución judicial, al ver criminalizada la defensa de su territorio y el medioambiente por parte de cooperativas mineras que denuncian avasallamiento.

A esta denuncia se sumó la voz de la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, quien denunció que las cooperativas mineras han creado una “cosa monstruosa” con la que pretender adjudicarse derechos sobre las tierras sin consultar con los comunarios, cuando en realidad no tienen ninguna legitimidad sobre las tierras que están explotando salvajemente.

“A partir del 2022, venimos sufriendo procesos judiciales por estos mineros auríferos que nos difaman de ser ‘avasalladores’ de sus áreas mineras porque, el 2013, el Estado ilegalmente les ha concesionado áreas mineras sobre nuestro territorio colectivo comunal y privados de quienes habitamos estas tierras desde inicios de los años 90”, señala un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) del 14 de diciembre.

La denuncia señala que estas cooperativas mineras, bajo la fachada de una comunidad “ficticia” llamada Ñekejahuira Catapata, utilizan arbitrariamente sus tierras mientras llevan adelante una campaña de criminalización contra los verdaderos protectores de estos territorios, “con el argumento de que son ellos quienes tienen ‘derechos preconstituidos’ y no deben realizar la Consulta Previa, según la nefasta Ley de Minería y Metalurgia 535 de 2014”.

“Lo grave es que estos abusos se cometen en complicidad con algunas autoridades (…) que les otorgan permisos para el ingreso de mineros que están devastando todas nuestras áreas de producción de flores. Ante la defensa de nuestra comunidad, de la integridad de nuestro territorio, de nuestras fuentes de agua y del medioambiente, han pedido órdenes de aprehensión contra nosotros, defensores y exautoridades de Tres Marías”, señala la Contiocap.

El documento pone: “Los mineros han invadido nuestro territorio comunal destruyendo nuestras áreas de cultivo, fuentes de agua y abriendo caminos desde 2010, ocasionando deslizamientos que le ha costado la vida a nuestros familiares entre ellos niños”.

En tal sentido, los defensores ambientales de Tres Marías se declararon en emergencia tras vivir una “situación crítica” en la que enfrentan una persecución judicial promovida por auríferos protegidos por el Ministerio Público y el Órgano Judicial, quienes “buscan intimidar y silenciar” sus esfuerzos por proteger la tierra y los recursos naturales del país.

“Quienes luchamos por defender el medio ambiente nos enfrentamos no solo a actores privados, sino también a un Estado que incumple su deber de protegernos y garantizar el respeto a nuestros derechos. Ser defensor ambiental en nuestro país es un acto de valentía que a menudo se paga con amenazas, criminalización y violencia”, agrega.

DETENCIONES ILEGALES

Otro de los hechos recientes que significó un flagrante atropello para esta comunidad fue el encarcelamiento ilegal en el penal de San Pedro de uno de los comunarios, César Condori, supuestamente a simple denuncia de un representante de los mineros que lo acusó de lesiones graves y leves, avasallamiento de tierra minera y asociación delictuosa. Este hecho ocurrió el jueves 12 de diciembre.

La Fiscalía de Coroico, en coordinación con la Policía, aprehendió al productor de flores y padre de familia tras una audiencia de medidas cautelares, a raíz de la denuncia del apoderado de la Cooperativa Minera Salvadora Yerbani, Juan José Gómez Choque, de acuerdo con una nota de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).

“Es un caso más de mundo al revés que promueve la justicia en Bolivia, donde las víctimas de avasallamiento aparecemos como verdugos; y los verdugos, como víctimas. Las autoridades de justicia nos han declarado prófugos a los demás defensores ambientales que estamos con orden de aprehensión”, denunció la Contiocap, a tiempo de exigir su inmediata liberación y el cese de esta persecución.

Además de esta captura, en la lista también se menciona al secretario general de la comunidad, Isaac Catacora Mamani, y los comunarios, Adrián Arenas Huayta, Mario Colque, Santos Oliva, Rodo Oliva, Héctor Cama y Hugo Apaza, quien denunció haber sido estafado por los mineros de Salvadora Yerbani.

Entre las personas con orden de aprehensión también figura el nombre de Lola Catacora, una mujer que con palo en mano se puso al frente de más de 30 mineros envalentonados a quienes les dijo que daría su vida por defender su comunidad. “De la flor vivimos, nos están dejando sin carretera”, afirmó la mujer a sus verdugos en un video.

Al respecto, Requena lamentó que sean los defensores del medioambiente y los denunciantes de avasallamientos quienes terminan en la cárcel. La senadora informó que envió cartas a instancias competentes, como la Fiscalía, la alcaldía de Coroico y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), para recabar más información sobre estas denuncias y tomar las debidas acciones.

La penetración inmisericorde de las cooperativas mineras al municipio de Yanacachi se vale de estrategias y esquemas de articulación y acción rápida, basadas en la movilización de personas, maquinaria pesada, ingentes recursos económicos y “aliados estratégicos”, reflejó la ANA.

ILEGALIDAD “MONSTRUOSA”

“Han creado una cosa ya francamente monstruosa, una comunidad dentro de la comunidad Tres Marías, y pretenden a través de esa legitimidad de ser comunidad, tener estos derechos sin haber consultado y dicen que son derechos preconstituidos, (pero) no tienen ningún derecho de hacer lo que están haciendo”, expresó la senadora a Brújula Digital.

Esta semana, Requena recibió a un par de comunarios de Tres Marías para conocer sobre las denuncias contra las cooperativas mineras y mostró una muestra del agua contaminada en Yanacachi, las cuales desembocan en el río Unduavi.

Además, señaló que los mineros abrieron caminos ilegales en la región, llegando incluso a dañar un puente que la comunidad empleaba para trasladarse a La Paz y comercializar su mercadería florícola.

“Aquí tengo una muestra del agua gris, oscura y envenenada que están generando en la comunidad Tres Marías y están destruyendo los cultivos de flores de la comunidad. Resulta que ahora no solo están contaminando su agua, destruyendo sus terrenos, metiendo caminos absolutamente ilegales y destruyendo puentes que hacen que tengan más dificultad de llegar a la ciudad para vender su producción, sino que están generando violencia contra mujeres y hombres”, señaló la senadora.

Requena aseguró que se extreman esfuerzos para lograr la liberación de Condori: “Vamos a estar accionando todas las instituciones para que sea liberado y que más bien sean los que están violando los derechos de los bolivianos y los que están detenidos”. (EL DIARIO)