La autoridad observó que muchas empresas privadas mantienen en reserva cierta información respecto a sus operaciones, lo que sumado a la complejidad que supone hacer seguimiento de líneas telefónicas y transacciones bancarias, se convierte en un obstáculo burocrático para una investigación eficaz y una respuesta inmediata ante los delitos.

En Bolivia, la ausencia de coordinación fluida entre la Policía y empresas privadas, como las entidades financieras y de servicios de telefonía, es un desafío a ser superado para una lucha más efectiva contra el cibercrimen, en criterio del jefe de esta división de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Williams Roldán.

“Necesitamos crear canales de comunicación con estas empresas privadas que reciben estos pagos para poder mejorar y ser más eficaces (…) Necesitamos que estas empresas puedan realizar ciertos acuerdos para que podamos mejorar nuestra protección a la ciudadanía”, declaró Roldán en entrevista con ANF. El funcionario destacó la imperante necesidad de lograr acuerdos con estas empresas para permitir una colaboración más óptima.

Las investigaciones de casos relacionados con el cibercrimen son obstaculizadas y muchas veces frenadas por procesos burocráticos y la falta de acceso inmediato a información clave sobre cuentas telefónicas y financieras, ya que estos elementos son usados frecuentemente en estafas electrónicas y delitos del mundo digital.

Dado que el trabajo de la fuerza anticrimen depende de las herramientas disponibles, el mayor de la Policía observó que muchas empresas privadas mantienen en reserva cierta información respecto a sus operaciones. Esto, sumado a la complejidad que supone hacer seguimiento de líneas telefónicas y transacciones bancarias, implica un obstáculo burocrático que frena la celeridad en las investigaciones.

“Para hacer el seguimiento de una dirección o de un número telefónico, tenemos que pasar por varios pasos: hacer la denuncia ante el Ministerio Público, esperar el requerimiento fiscal, enviar el requerimiento a la telefónica, y luego, esperar la respuesta de la empresa. Hasta entonces, ya todo ha pasado”, declaró el jefe de la División Cibercrimen.

La autoridad sugirió que un trabajo coordinado con Tigo Money, por ejemplo, haría posible identificar el titular de una línea telefónica o localizar un número telefónico, haciendo el trabajo más eficiente y directo. Ahí radica la importancia del acceso a información y bases de datos en tiempo real.

OTROS PAÍSES

La autoridad recordó que en otros países sudamericanos, la relación entre las fuerzas del orden y las empresas de la banca o telefonía es mucho más directa, lo que permite una respuesta inmediata ante un caso de cibercrimen. En comparación con la situación en Bolivia, lamentó que “el sistema actual obliga a la víctima a seguir una larga cadena de procesos”.

Destacó que, en el extranjero, la coordinación interinstitucional permite identificar de manera inmediata cualquier actividad económica sospechosa, el uso de líneas telefónicas en actividades criminales y hasta la ubicación de la persona, un nivel de operación que sería posible en el Estado Plurinacional con el compromiso de todas las partes involucradas.