CIDH corrobora que leyes bolivianas facilitan desmonte y quema de bosques
El informe constató que hubo “una pérdida de cobertura arbórea sin precedentes” en la que “áreas protegidas y territorios indígenas fueron gravemente afectados por los incendios forestales”.
Tras la visita del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Javier Palummo, aún ardían algunas zonas de la Chiquitanía durante su traslado aéreo hacia San Ignacio de Velasco, por lo que observó que la deforestación sin precedentes está “impulsada por un marco normativo que facilita el desmonte y la quema de bosques”, conocidas como “leyes incendiarias”.
“Los incendios forestales tuvieron un impacto significativo, incluyendo el desplazamiento de poblaciones locales, la alteración de los medios y modos de vida, y el deterioro de los recursos naturales esenciales para la subsistencia de las comunidades”, señala el informe de observaciones preliminares de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la CIDH, encabezada por Palummo.
El informe también señala que se documentó afectaciones en la educación de niños y adolescentes por pérdida de clases y daños a la salud mental de las comunidades traducidos en niveles significativos de estrés y ansiedad. Por otra parte, las comunidades enfrentaron mayores niveles de contaminación con efectos inmediatos como el aumento de enfermedades respiratorias agudas y riesgos a largo plazo para la salud cardiovascular y pulmonar.
La delegación emitió estas observaciones tras su visita a las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y San Ignacio de Velasco, ubicado en la Chiquitanía, donde se reunió con varias autoridades de diferentes niveles del Estado, desde el vicepresidente, David Choquehuanca, la Cancillería, los ministerios de Culturas, Descolonización y Defensa, la Procuraduría General y la Gobernación de Santa Cruz.
La visita se efectuó entre el 9 y el 11 de diciembre de 2024. En ellas, la delegación de la Redesca también sostuvo encuentros con comunidades locales, líderes indígenas, defensores del medio ambiente y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de evaluar los impactos de los incendios forestales en los derechos humanos, la biodiversidad y los ecosistemas, así como analizar la respuesta estatal a esta emergencia ambiental.
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