La Defensoría del Pueblo, mediante la representante en Derechos de la Madre Tierra, Claudia Flores, señaló que se vulneraron siete derechos de la Madre Tierra y de los derechos humanos por provocación de incendios forestales en el país, además cuestionó el actual sistema de gestión de riesgos del Gobierno.

Flores señaló que en base a los datos del sistema de información y monitoreo de bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, actualizado al 15 de noviembre, los focos de calor se encuentran en los departamentos de Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

“Ante esta emergencia hemos identificado la vulneración de derechos humanos, pero también los derechos de la Madre Tierra (…) hemos identificado aquellos daños a los derechos vulnerados que requieren una atención inmediata entre ellos el derecho al medioambiente sano y los siete derechos de la Madre Tierra establecidos en la ley 71 y 300”, manifestó.

Además, indicó que el Sistema de Atención de Riesgos del Gobierno, que es del año 2014, no responde adecuadamente a la situación actual que vive el país. Se identifica debilidades porque no ha mostrado una respuesta rápida y eficiente en cuanto a la asistencia humanitaria, demostrando una alta debilidad institucional respecto a la generación de información, que repercute en la toma de decisiones, para una atención rápida y eficiente que no ponga en riesgo a los pueblos indígenas y a la Madre Tierra.

“Es doloroso establecer que nuestro sistema de atención de riesgos que data del año 2014 no responde a la situación que tenemos y vivimos en el país sobre todo con la asistencia humanitaria que debería primar y no en torno a las atribuciones de competencias establecidas, no responde a las condiciones climáticas actuales cuando pasó de la Chiquitanía en el 2019, ya se debían tomar previsiones en ese entonces para la gestión de los bosques y la producción agrícola, hablamos de una ebullición climática”, sostuvo.

La Ley N° 602 en la actual emergencia, quedó obsoleta para hacer frente a los desafíos climáticos que el país está atravesando, por lo cual el Estado en todos sus niveles deben actualizar y articular la normativa y procedimientos de gestión de riesgos que permitan garantizar los derechos individuales, colectivos y un medio ambiente sano.

Entre los derechos vulnerados están; derecho a la salud, a la vida e integridad y el derecho a la vivienda, debido a que familias perdieron sus viviendas, situación que repercute en el ejercicio de otros derechos, lo que demuestra la falta de políticas de prevención y su priorización por los gobiernos autónomos municipales, departamentales y el nivel central.

REPORTES

De acuerdo al informe del delegado departamental de la Defensoría del Pueblo del Beni, Alberto Condori, los incendios se registraron en Rurrenabaque, San Borja y San Ignacio de Moxos, “porque no ha estado habiendo lluvias y los focos de calor han aumentado”. Además, ratificó que “hay vulneraciones de derechos humanos de los que vamos a estar nosotros haciendo seguimiento”.

Por su parte, la delegada departamental de Santa Cruz, Sheila Gómez, informó que enviaron 17 requerimientos elaborados en función de municipios con mayor incidencia de incendios y sequía, asimismo, de forma paralela se envió requerimiento de informe a la ABT, Fiscalía, Viceministerio de Defensa Civil, Gobernación y a la Dirección Departamental de Educación, entre otros, “para que se informe qué están haciendo frente la contingencia que se ha dado además a qué se está haciendo en cuanto a las acciones de prevención sobre chaqueos e incendios y en consecuencia contaminación ambiental, porque es reiterativo este tipo de eventos en ese departamento”.

En tanto, la delegada departamental de La Paz, Beatriz Suntura, también indicó que se hizo reuniones en diferentes ámbitos y producto de 19 acciones se logró la atención a personas afectadas en el tema de salud, alimentación y en temas de urgencia. Pidió que no se vulneren los derechos de los damnificados.

“Queremos que se respeten los derechos y garantías constitucionales de esas personas que están siendo afectadas y que no solo sea la atención en este momento, sino tienen que ser post”, manifestó.

La representante defensorial en Yungas, Silvia Chambi, informó que el jueves se trasladó a alrededor de 85 personas de la comunidad indígena Tacana y de otras dos, a unidades educativas. Por otro lado, detalló los incendios que se registran.

“Hasta el lunes y martes, se han identificado como 109 lugares de incendio; el miércoles, 130 y ayer (por el jueves) el reporte era más de 300 lugares de incendio que se están viviendo en las 25 comunidades, de 30 que hay en el distrito”, detalló.

Aseguró que “la Gobernación está ausente en las reuniones que llevan a cabo tanto los municipios en Rurrrenabaque como en San Buenaventura”.

ACCIONES

Ante este panorama, se sugiere realizar acciones en el corto y mediano plazo entre las cuales está reforzar el personal para sofocar incendios forestales, elaborar y ejecutar planes que permitan la recuperación de los ecosistemas afectados. De igual manera las instancias competentes, evalúen y controlen la calidad ambiental, así como el monitoreo de la flora y fauna silvestre afectadas, además de garantizar el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda, así como la restauración de la Madre Tierra.