Uno de los principales puntos de crítica es la exclusión de las comunidades indígenas del proceso de implementación del Plan de Acción de Gestión propuesto por el Banco Mundial.

Cuatro organizaciones indígenas chiquitanas expresaron su profundo descontento y preocupación por haber sido relegados del Plan de Acción de Gestión (PAG) que elaboró el Banco Mundial (BM) para implementar medidas correctivas en la ejecución del proyecto carretero San José – San Ignacio, en Santa Cruz. Las medidas de la entidad internacional fueron elaboradas luego de que el Panel de Inspección atendiera la denuncia que hicieron los indígenas sobre los impactos negativos que trajo la obra a sus territorios y formas de vida.
A través de una nota enviada al directorio del Banco Mundial, las organizaciones de las comunidades afectadas –la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (Acisiv), la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (Ccism), la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (Acisarv) y la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos (Ccich-Turubó)– recordaron que, pese a haber intentado dialogar en repetidas ocasiones con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y con el propio Banco Mundial sobre las afectaciones de la obra, sus reclamos fueron ignorados o tratados de manera superficial, por lo que acudieron al Panel de Inspección.
También rememoraron que esta instancia visitó sus comunidades en dos ocasiones y determinó que el Banco Mundial no cumplió eficazmente con sus políticas operativas, lo que resultó en impactos negativos. El panel presentó un resumen de sus hallazgos de investigación e informó que la Dirección del Banco propondría un plan de acción basado en su informe.
“En febrero de este año, asistimos a una reunión en San José de Chiquitos, donde la Dirección del Banco Mundial presentó el Plan de Acción propuesto. Durante esta reunión, expresamos nuestra insatisfacción y presentamos recomendaciones para resolver los problemas identificados. Sin embargo, no hemos recibido ninguna comunicación directa sobre el plan de acción desde entonces”, señala la nota.
El 16 de mayo, la junta directiva aprobó y publicó el PAG, lo que no fue notificado a las organizaciones interesadas. “Nos enteramos de esto por terceros, sin recibir comunicación directa ni una explicación sobre la versión final del PAG por parte del Banco. Gracias al apoyo de nuestros aliados, obtuvimos acceso al documento y encontramos que no incluye acciones para abordar algunos de los daños identificados en la investigación del panel”, agrega la nota.
OBSERVACIONES
AL PLAN
Uno de los principales puntos de crítica es la exclusión de las comunidades indígenas del proceso de implementación del PAG propuesto por el Banco Mundial tras la investigación del Panel de Inspección, organismo que en su informe destacó el incumplimiento de políticas operativas esenciales por parte del Banco.
A pesar de que este informe reconoció los perjuicios sufridos por las comunidades, el PAG no incluyó acciones concretas para subsanar dichos daños, ni contempló mecanismos de participación indígena en su desarrollo y ejecución. “El hecho de que el Banco proponga un PAG sin nuestra participación contradice los hallazgos del panel”, subraya la nota.
Además, las comunidades han señalado la falta de medidas adecuadas para compensar las pérdidas derivadas de la adquisición de derechos de vía. Según la denuncia, el Banco Mundial no aseguró que los pagos de compensación se realizarán antes de la adquisición de tierras y bienes, ni se estableció un proceso transparente para dichos pagos. “Solicitamos que estos procesos sean transparentes, explicados a las comunidades y que se otorgue compensación donde no se haya dado una compensación adecuada”, exigieron las organizaciones indígenas en su carta.
Otro punto crítico es el incumplimiento de proyectos incluidos en el Plan de Pueblos Indígenas (PPI), que han sido mal ejecutados y, en algunos casos, han resultado inoperantes. Ejemplos citados incluyen un centro de artesanías para mujeres que es demasiado pequeño y carece de la infraestructura necesaria, así como un proyecto ganadero con pozos que no proveen agua potable para el consumo animal y humano. Estos fallos, señalan las comunidades, reflejan la desconexión entre los objetivos declarados por el BM y la realidad de los proyectos en el terreno.
Las organizaciones también criticaron la falta de apoyo para fortalecer las capacidades de las autoridades indígenas, quienes, según denuncian, se ven obligadas a cubrir de su propio bolsillo gastos como el transporte para monitorear el proyecto. Este costo, afirman, no ha sido considerado en el plan de acción del BM.
Ante esta situación, las comunidades han planteado una serie de recomendaciones al BM. Exigen una mayor y mejorada participación de los líderes indígenas en la implementación del PAG, así como en el proceso de actualización del Manual de Mecanismos de Quejas y Reparaciones. También solicitan que el protocolo para abordar los impactos adversos de los bancos de préstamo sean desarrollados con la participación activa de las comunidades afectadas y que se realice una evaluación exhaustiva de todos los impactos de los bancos de préstamo para asegurar que estén correctamente cerrados.
“Nos sentimos una vez más marginados e ignorados, víctimas de un esquema de desarrollo que perturba y desconsidera nuestras formas de vida. No deseamos continuar sufriendo las consecuencias de un proyecto defectuoso en su diseño y ejecución”, remarcaron las organizaciones.
El Banco Mundial aún no ha emitido una respuesta oficial ante esta situación. Sin embargo, el descontento expresado por las comunidades chiquitanas subraya la creciente tensión entre las necesidades de desarrollo de infraestructura y la protección de los derechos de las poblaciones indígenas. A medida que estas comunidades continúan luchando por sus derechos, el futuro del proyecto carretero y su impacto en la región sigue siendo incierto. (Fundación Tierra)