Autoridades nacionales deben reconsiderar las políticas hidrocarburíferas actuales, hacer accesible y transparente la información sobre las reservas disponibles y reevaluar los planos de producción de biocombustibles.

La inviabilidad de la sustitución de las importaciones por biocombustibles y la imposibilidad de que el proyecto frene y revierta la extrema dependencia de los combustibles importados, son algunas de las conclusiones a las que llega el estudio “Biocombustibles: Falsas soluciones y riesgos para la seguridad alimentaria”, documento que fue trabajado por la Fundación Tierra.
Desde el 2017, el Gobierno nacional apostó por la producción de biodiésel y etanol para enfrentar los problemas de desabastecimiento y disminuir la dependencia de combustibles importados. Esta respuesta gubernamental fue retomada por Luis Arce, e incorporada como uno de los ejes centrales del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, planteándose como meta la producción de 400 millones de toneladas de biodiésel y sustituir el 43% del diésel importado para el año 2025. Sin embargo, el estudio apunta a que los biocombustibles son una falsa solución a la crisis energética.
Según el informe, la escasez de combustibles ya representa un problema energético de gran envergadura sin perspectivas de solución a corto o mediano plazo. Las consecuencias económicas se evidencian en que, en 2023, las exportaciones disminuyeron significativamente debido al agotamiento del gas natural y la menor disponibilidad de diésel para la agricultura de exportación. La tendencia continúa en 2024, con una caída aún mayor en los primeros cinco meses del año.
La principal causa de la escasez es la drástica reducción en la producción nacional de diésel y gasolina. Desde 2015, la producción de diésel ha caído de 6,3 millones de barriles a 2,1 millones en 2023. La gasolina también ha experimentado un declive, pasando de 8,8 millones de barriles en 2016 a 6,4 millones en 2023.
A pesar de ser un eje central del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, el estudio demuestra que las metas de producción de biodiésel son irreales e ineficaces para resolver la crisis. Entre las principales preocupaciones destacadas por Tierra se encuentran:
1. La “dependencia crítica” de combustibles importados, con el diésel importado representando el 86% del consumo nacional y la gasolina el 56% en 2023.
2. El agotamiento de las reservas, con un horizonte de vida estimado de solo cuatro años para el gas natural e hidrocarburos.
El documento –que tiene siete capítulos– fue elaborado por un grupo de investigadores conformado por Gonzalo Colque, Irene Mamani, José Eyzaguirre, Paola Mamani y Efraín Tinta, quienes analizaron y sistematizaron información y literatura existente sobre el desempeño del mercado de combustibles (diésel y gasolina), los planes, programas y avances para la producción de biocombustibles en Bolivia, así como la cuestión alimentaria.
En el documento, la Fundación Tierra exhorta a las autoridades nacionales a reconsiderar las políticas hidrocarburíferas actuales, transparentar la información sobre las reservas disponibles y reevaluar los planos de producción de biocombustibles. Este estudio pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar la crisis energética en Bolivia y buscar soluciones sostenibles y efectivas para garantizar la seguridad energética del país.
En ese contexto, también se plantean al menos nueve recomendaciones entre las que destacan el suspender y reestructurar los planes y programas de producción de biodiésel, redimensionar los planes y las expectativas de producción de etanol y elaborar un plan nacional de contingencia para la gestión de la crisis energética, económica y alimentaria.
La asesora del Ministerio de Hidrocarburos, Rocío Molina, dijo días atrás que el Gobierno apoyará a empresarios para promover el biodiésel.
Al respecto, cabe mencionar la propuesta del empresario paceño, Javier Iturralde, sobre el diésel circular, que se iba a implementar en la Sede de Gobierno para cubrir la demanda creciente de este carburante en el país y que no fue tomada en cuenta por las autoridades gubernamentales hasta la fecha. (Con datos de la Fundación Tierra y EL DIARIO)