Inacción de los tres niveles del Estado, la falta de recursos médicos y la creciente contaminación del aire debido al humo complican aún más la situación.
> La vida cotidiana en Alto Paraguá está marcada por la angustia y el desgaste físico, lo que ha obligado a la comunidad a marchar para exigir soluciones urgentes.

Alto Paraguá, una vasta extensión ancestral del pueblo chiquitano, está al borde del colapso. Este territorio, ubicado en el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, se enfrenta a una tormenta perfecta: la constante invasión de tierras por parte de grupos llamados “interculturales”, incendios forestales y la indiferencia estatal ante las necesidades urgentes de sus habitantes.
En medio de esta crisis, EL DIARIO entrevistó a Lordy Suárez, dirigente indígena, lidera una marcha que partió desde Alto Paraguá el pasado lunes y en los próximos días llegará a San Ignacio de Velasco, con el objetivo de exigir justicia y visibilizar las múltiples amenazas que ponen en peligro la vida y el futuro de su pueblo.
FUEGO Y SEQUÍA
El territorio de Alto Paraguá ha sido históricamente un lugar de abundancia y equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, desde hace cinco meses, sus habitantes han vivido en un infierno.
“Llevamos cinco meses respirando humo, apagando incendios y viendo cómo el fuego destruye lo que con tanto esfuerzo cuidamos”, relató Lordy Suárez, al Decano de la Prensa Nacional.
Los incendios, cada vez más recurrentes, son el resultado de un cambio climático que está golpeando duramente a la región, sumado a la negligencia en el manejo forestal.
La sequía prolongada, una de las más severas en la historia de la región, ha reducido drásticamente las fuentes de agua y diezmado la producción agrícola.
“Queremos ser autosostenibles nuevamente en el tema alimentario, pero la sequía nos lo impide”, dijo Suárez, destacando que la autosuficiencia en alimentos ha sido una característica fundamental de los pueblos indígenas. Sin esta capacidad, las comunidades ven comprometida su supervivencia y su modo de vida.
La crisis ambiental agravó las condiciones de vida de las comunidades indígenas. El sistema de salud, ya debilitado, se encuentra prácticamente inoperante.
“No hay medicamentos. Cuando estamos enfermos no tenemos a dónde recurrir”, afirmó Suárez, afectado por la situación.
La falta de recursos médicos y la creciente contaminación del aire debido al humo complican aún más la situación. La vida cotidiana en Alto Paraguá está marcada por la angustia y el desgaste físico, lo que ha obligado a la comunidad a marchar para exigir soluciones urgentes.
AVASALLAMIENTOS
Además de la crisis ambiental, las comunidades indígenas de Alto Paraguá enfrentan una amenaza igual de devastadora: los avasallamientos ilegales.
Desde el año 2010, estas invasiones han ido en aumento, perpetradas por grupos denominados “interculturales” que buscan apropiarse de tierras rurales para explotarlas de manera lucrativa. Estos grupos, que en muchos casos actúan con total impunidad, destruyen las áreas protegidas que las comunidades indígenas han cuidado durante generaciones.
“El tema de tierras se ha convertido en un bien raíz rural, es el nuevo negocio multimillonario”, denunció Suárez.
La lógica mercantilista detrás de estos avasallamientos ha convertido las tierras en un botín codiciado. Según el dirigente indígena, los invasores no solo se apropian de las tierras, sino que las destruyen, desmontando áreas protegidas, deforestando y generando un daño irreversible en el ecosistema.
“Lo que nosotros cuidamos, ellos lo destruyen”, lamentó Suárez, aludiendo al esfuerzo de los pueblos indígenas por preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.
Los avasalladores no se limitan a ocupar tierras comunales; también avanzan sobre áreas fiscales y zonas protegidas, incluso en las riberas de los ríos. Estas tierras, que forman parte de los territorios indígenas, están reconocidas y protegidas por la Constitución Política del Estado y por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU. A pesar de ello, los avasallamientos continúan sin que las autoridades actúen de manera efectiva para frenar el problema.
SILENCIO E INACCIÓN
ESTATAL
Una de las quejas más graves de Suárez es el silencio y la inacción de los tres niveles del Estado: el nacional, el departamental y el municipal.
“Nadie dice nada, nos han dejado solos para combatir el fuego y defender nuestras tierras”, señaló el dirigente. A esta falta de respuesta se suma el hecho de que incluso los propios líderes indígenas no han alzado la voz para proteger a sus comunidades. “Nuestros dirigentes indígenas están callados, no defienden a su propio pueblo”, denunció Suárez, frustrado por la traición de aquellos que deberían ser sus aliados.
El abandono estatal y la falta de apoyo institucional han obligado a las comunidades a organizarse por su cuenta. Las marchas y protestas son, en muchos casos, su único recurso para ser escuchados.
“Marchamos también porque los incendios forestales y los avasallamientos nos colmaron la paciencia”, sostuvo. Estas manifestaciones son más que un acto simbólico; son una forma de resistencia ante un sistema que parece haberles dado la espalda.
CONTROL SOCIAL
Y REPRESIÓN
Aunque las comunidades han intentado resistir y defender su territorio mediante mecanismos de control social, la situación es cada vez más peligrosa. Los intentos de detener a los avasalladores han sido infructuosos, y en muchas ocasiones, los propios pobladores han sido víctimas de amedrentamientos y amenazas.
“Fuimos parte de una comisión multisectorial para arrestar a personas que avasallan, pero fuimos amedrentados”, relató.
VIOLENCIA Y REPRESIÓN
Las comunidades indígenas, que históricamente han vivido en armonía con su entorno, ahora se ven forzadas a enfrentar un conflicto desigual con grupos que buscan lucrar a toda costa. La amenaza no solo es material; es también cultural y espiritual. Para los chiquitanos, el territorio es sagrado y su defensa es una cuestión de supervivencia. “Si no luchamos por nuestro territorio, podemos desaparecer”, advirtió Suárez.
UN FUTURO INCIERTO
El panorama para Alto Paraguá es sombrío. El fuego, la sequía y los avasallamientos ilegales no muestran signos de detenerse, y las comunidades se sienten abandonadas por quienes deberían proteger sus derechos. Sin embargo, la resistencia continúa. La marcha que lidera Lordy Suárez es una expresión de la voluntad de un pueblo que no se rinde, que sigue aferrado a la esperanza de que sus voces serán finalmente escuchadas.
El desafío para los pueblos indígenas no es solo proteger su territorio, sino también preservar su cultura, su modo de vida y su derecho a existir como comunidades autónomas.
En un contexto en el que la tierra se ha convertido en objeto de disputa y explotación, la lucha de los chiquitanos por Alto Paraguá es un recordatorio del valor de la tierra como fuente de vida y de identidad.
La supervivencia de estas comunidades dependerá de su capacidad para resistir y de la respuesta que, finalmente, ofrezcan las autoridades y la sociedad en su conjunto.
SEXTO DÍA DE MARCHA
La marcha partió ayer desde la propiedad San Francisco con rumbo a La Curva. El grupo llegó a su destino a las 10: 00 horas, sin contratiempos ni bajas entre los marchistas. Al concluir la jornada, se logró alcanzar el kilómetro 75 del recorrido total.
Hasta el momento, no hubo acercamientos por parte de ninguno de los tres niveles del Estado, a pesar de la falta de diálogo con las autoridades, el ánimo de los marchistas sigue alto y la convicción de mantener sus demandas intacta. La marcha continúa hoy con firmeza y unidad, rumbo a su objetivo en San Ignacio de Velasco. (Santa Cruz, EL DIARIO)