Los demandantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano por la vulneración del referéndum del 21F y la Constitución Política del Estado (CPE) esperan que el gobierno del MAS escuche las recomendaciones, entretanto, autoridades del Gobierno niegan que la demanda fuera aceptada así como su sustento jurídico.
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