Ante el escándalo desatado por las graves denuncias en contra de un parlamentario oficialista, involucrado en actos de extorción a mujeres y hasta pedofilia, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandra Camargo, lamentó que este caso no sea el único ni el primero registrado en la actual administración y cuestionó que desde el partido en función de Gobierno no se tomen medidas para frenar estos actos.

Desde sus redes sociales, la parlamentaria representante de Cochabamba puntualizó que el más reciente escándalo del masismo en la ALP se dio a partir de denuncias de extorsión, uso indebido de influencias y oferta de cargos en el Órgano Legislativo a cambio de relaciones sexuales.

Las acusaciones contra el diputado Juan José Jáuregui, fueron respaldadas por chats y audios atribuidos al asambleísta, en los que supuestamente se le oye acordando servicios sexuales con menores de edad.

En ese sentido, Camargo lamentó que este caso no sea el primero, y probablemente tampoco sea el último, esto debido a todos los antecedentes y denuncias similares que nunca llegaron a esclarecerse o hayan derivado en sanciones para los responsables.

“Ya es sabido que en filas del MAS tenemos acusados de violencia en diferentes formas: hay golpeadores que dejaron con varios días de impedimento a asesoras, tenemos a diputados que no cumplen con sus obligaciones al no dar pensión familiar a sus hijos, o acusaos por violación. No olvidemos al diputado que a principios de año atropelló a un motociclista cuando conducía en estado de ebriedad”, recordó la legisladora.

Ante esta realidad, Camargo cuestionó que desde el oficialismo exista la tendencia a “mirar hacia otro lado” cuando alguno de sus miembros se ve involucrado en actos de violencia contra mujeres, y que la ley 348 sea solo un “instrumento para imprimir carteles y llenar planillas”, cuando la realidad indica que no existe interés real en erradicar la violencia.

Sobre las recientes denuncias contra el diputado Jáuregui, pidió que se tomen medidas para frenar este tipo de acciones reprochables que dañan a la sociedad boliviana.

“No solo está haciendo uso indebido de influencias, sino que está impulsando la trata y tráfico de menores de edad, un problema que desde hace tiempo atormenta a la población, pero que al parecer no parece importar con tal de pasar un momento de placer”, finalizó.

Esta semana, el abogado Lurwyn Ledezma denunció a Jáuregui, con imágenes y audios de una conversación, que el parlamentario ofrecía trabajo a mujeres a cambio de servicios sexuales y encuentros íntimos con menores de edad.

Esta denuncia provocó el repudio de asambleístas que cursaron notas a la presidencia de la Cámara de Diputados exigiendo procesos y la renuncia del cuestionado parlamentario, para que enfrente a la justicia sin la posibilidad de apelar a su cargo para librarse de culpa.

Desde el oficialismo se pidió celeridad en las respectivas investigaciones, recodando que la normativa vigente reconoce la inocencia de los acusados hasta que la justicia determine lo contrario.