Dando respuesta a la solicitud de análisis al proyecto de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó que la Sala Plena de esta instancia remitió a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, un criterio técnico y jurídico, en el que se expresan recomendaciones en el ámbito legal y administrativo.

Desde sus redes sociales, Vargas señaló que la respuesta a la consulta solicitada por la Comisión de Constitución incluye varias recomendaciones y pedidos de puntualización para determinados criterios.

Una de las sugerencias tiene que ver con precisar el plazo de al menos 90 días para la organización de la votación, dar inicio a partir de la emisión de la convocatoria y publicación del calendario electoral, una vez concluya toda la etapa de preselección de postulantes por parte de la Asamblea Legislativa.

Así mismo, detalló que en el informe se desarrollan una serie de recomendaciones en el ámbito legal y administrativo, “para que el TSE pueda ejecutar un proceso electoral con calidad técnica, salvaguardando sus atribuciones y responsabilidades establecidas en Constitución y las Leyes”.

En el ámbito de la coordinación entre órganos de poder público, Vargas pidió que se pueda tomar en cuenta las observaciones y sugerencias expresadas en el documento remitido esta semana.

“Exhortamos a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados puedan tomar en cuenta las conclusiones expresadas en el informe que ha sido remitido por el Órgano Electoral”, expresó el vicepresidente del TSE desde su cuenta de Twitter.

El pasado 7 de septiembre, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, presidida por el diputado oficialista, Juan José Jáuregui, determinó enviar en consulta a los órganos Ejecutivo, Electoral y Judicial el proyecto de ley para las elecciones judiciales remitido por el Senado. Esta acción fue cuestionada por oficialismo y oposición, por considerarla una medida dilatoria para retrasar los cambios en la administración de justicia que demanda la población.

Esta semana, parlamentarios plantearon iniciar procesos contra el presidente de esta Comisión, por supuestamente ser responsable de impedir la viabilidad de las elecciones judiciales y por las graves denuncias en su contra por supuestos delitos sexuales.

La senadora por Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, apuntó a Jáuregui como el único responsable del fracaso de la preselección de candidatos para las judiciales porque, en lugar de cumplir con su trabajo en la Comisión de Constitución, envió la iniciativa a consulta a diferentes Órganos del Estado.

Anteriormente, el cuestionado legislador había responsabilizado al Senado por la dilación de proceso de las elecciones judiciales, apuntando a esa instancia por haber añadido “elementos inconstitucionales” al proyecto de ley.

“Dónde se inició un trámite anómalo, irregular, hasta irresponsable, fue en la Cámara de Senadores cuando se obró y se incorporó elementos que con probabilidad fuesen contrarios a la Constitución y a la Ley 025. Incorporar esta disposición transitoria sexta que es absolutamente contraria a la Constitución, incluso a lo que establece el 156 del Código Penal. El Código Penal sanciona el abandono del cargo”, sostuvo.

Además aseguró que si no se realizaban estas consultas, cualquier ciudadano podría haber frenado el proceso más adelante mediante alguna acción de inconstitucionalidad.

Desde el ala “evista” en el Movimiento al Socialismo, los cuestionamientos también apuntaron a Jáuregui por dilatar el proceso al enviar el proyecto de ley a consulta a otras instituciones.