Cuestionando que desde el inicio de sus operaciones, a la fecha, la Gestora Pública no ha logrado conformar un directorio para fiscalizar el destino de los fondos administrados, el presidente de la Comisión de Política Social en Diputados, Walthy Egüez, lamentó que, en la actualidad, los trabajadores aportantes no puedan fiscalizar el uso de sus aportes.

“Lo primero que tienen que saber los trabajadores es que no hay un Directorio, no hay quien esté fiscalizando el uso de los recursos de los trabajadores. La ley establece que se deben conformar ternas de las que el Gobierno debe escoger a los miembros del Directorio; es decir, lo decide el Presidente, entonces las posibilidades de los trabajadores de fiscalizar su propio dinero es mínimo”, alertó.

La advertencia de Egüez, surge luego de que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, prestó su informe oral ante la Comisión de Política Social de Diputados tras la fallida interpelación, debido a un amparo judicial interpuesto por esta autoridad del Órgano Ejecutivo.

Tras las explicaciones expuestas acerca de los resultados de la administración y estado de situación de la Gestora Pública, Egüez, afirmó que los trabajadores deben estar alertas porque es el Gobierno mediante funcionarios públicos que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes están decidiendo el destino de dinero que es privado.

En este contexto, recordó que la Ley N° 065 de Pensiones art. 153 señala “El Directorio es la Máxima Autoridad de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, responsable de definir políticas, normas internas y la fiscalización de éstas; (…)”, art. 154 “El Directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo estará conformado por la Presidenta o Presidente y cuatro Directores. (…) los cuatro (4) Directores serán designados por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia de ternas aprobadas por dos tercios de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados”.

El parlamentario cruceño afirmó que, bajo estos criterios los trabajadores no tienen posibilidades de acceder a formar parte de los mecanismo de fiscalización social, resultado de esta falta de control la Gestora Pública ya le transfirió al Gobierno $us 1.350 millones para emitir los títulos valores que no tienen acogida en el mercado internacional.

“El Gobierno ya está disponiendo de esos dineros para rellenar el déficit fiscal, los huecos económicos generados por la equivocada política económica”, dijo.

De igual forma recordó que el proceso de “nacionalización” de la administración del dinero para las jubilaciones, según datos proporcionados por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, durante la Petición de Informe Oral (PIO), a la fecha le cuesta al Estado $us 120 millones, monto que podría subir a, al menos $us 216 millones.