Ayer, un día después de haberse vencido el plazo de 72 horas con el que las fuerzas políticas de la ALP conminaron al TCP para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144, esta instancia emitió una Declaración Constitucional con la que declaró “inconstitucionales” varios artículos de la referida propuesta, anteriormente aprobada en el Senado.

En conferencia de prensa, el magistrado Rene Espada Navia, dio lectura al documento con el que además, se dispuso prorrogar el mandato de las actuales autoridades judiciales, hasta que se concluya con éxito un nuevo proceso de preselección y posterior elección mediante voto popular.

“Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional”, señala parte del texto de la referida resolución.

Asimismo, se exhortó a la ALP, cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales en lo referido a la preselección, de manera inmediata por el carácter excepcional y temporal ya establecido.

“A partir del 2 de enero, no se pueden suspender los plazos procesales de todos los expedientes que están en trámite en los máximos tribunales de justicia. No se puede suspender el ejercicio de los derechos del pueblo boliviano, como el derecho al acceso a la justicia y el debido proceso, entre otros”, dijo.

Los criterios de rechazo por parte de parlamentarios y analistas coincidieron al apuntar a una flagrante vulneración de la Constitución Política del Estado, proponiendo el inicio de procesos de distinto tipo.

Para la senadora de oposición y exmagistrada del Tribunal Constitucio nal, Silvia Salame, el camino a seguir esta en el inicio de un “juicio de responsabilidades” porque el TCP habría incurrido en la modificación de la CPE, norma que establece a la ALP como la única instancia con atribuciones para modificar de forma parcial la Carta Magna.

“Ellos estarían arrogándose una competencia que no tienen, estarían modificando la estructura del Estado, porque prácticamente estarían autoerigiéndose. Como Asamblea Legislativa, no podemos permitir que esto se materialice”, dijo.

Anteriormente, Salame había anunciado denunciar al Estado boliviano en caso de que una posible salida al problema de la realización de las elecciones judiciales y los actos para evitar acefalias en el Órgano Judicial, lleven a asumir decisiones al margen de la Constitución.

“Así como vamos a iniciar un juicio de responsabilidades al TCP en este caso, tenemos que ver cuáles han sido todas las responsabilidades”, sostuvo.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Israel Quino, calificó el hecho como un “Golpe Judicial a la democracia” y cuestionó que la cúpula que administra la justicia haya resuelto su propia “auto prórroga”, pasando por alto el tiempo de funciones establecido por la Constitución.

“Es una resolución inconstitucional. Un juez no puede fallar para sí mismo y no existe caso de excepcionalidad”, indicó el jurista mediante sus redes sociales, precisando que todavía resta un debate legislativo sobre la consulta remitida al TCP por la Comisión de Constitución.

En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, rechazó la determinación señalando que se trata de una vulneración a la norma, acto por el que los miembros del TCP deberán responder en el futuro.

“Es un golpe judicial a la democracia en Bolivia y una flagrante vulneración a la Constitución Política del Estado. Quienes debieran ser los guardianes del mandato y cumplimiento de la Constitución, hoy la vulneran y pretenden beneficiarse con sus propios fallos”, sostuvo la autoridad legislativa, puntualizando que los Magistrados firmantes de la referida Declaración Constitucional deberán ser responsables “penalmente” de sus actos.

Desde la agrupación Creemos, el diputado Leonardo Ayala, reiteró su postura en rechazo a que los actuales Magistrados de altas cortes permanezcan en sus cargos tras el final de su mandato, por estar fuera de toda norma.

“Ellos no pueden quedarse un día más, ellos deben dejar sus cargos el 31 de diciembre de este año. Están pisoteando la Constitución que establece seis años de funciones, sin posibilidad de ser reelectos”, expresó.

Sostiene que si bien se registra un vacío jurídico, toda vez que no se realizaron las elecciones judiciales, eso no otorga a los magistrados la competencia de auto prorrogarse en sus cargos, ya que solo la Asamblea Legislativa tiene esa competencia y atribución.

Citando el artículo 122 de la CPE, afirma que todos los actos a realizarse a partir del mes de enero estarán viciados de ilegalidad.