Los cuestionamientos del legislador cruceño tienen que ver con los motivos de la actual administración, en contubernio con el sistema de justicia, para haber procedido con una determinación que claramente contraviene el numeral 8 del artículo 158, de la Constitución Política del Estado, en relación a la atribución de fiscalización parlamentaria.
En criterio de Montero, “el régimen masista intenta esconder al pueblo boliviano el fracaso de la reactivación económica, el ocaso de la producción hidrocarburífera, la ineptitud en políticas de salud y educación, el endeudamiento multimillonario, el despilfarro y la mano blanda contra la corrupción y el narcotráfico”.
Ayer, la diputada María René Álvarez, anuncio que se solicitó al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, una reunión de urgencia para la restitución de los derechos de fiscalización, como diputados y senadores nacionales, luego del golpe judicial que un vocal perpetró al suspender las interpelaciones a ministros del Ejecutivo.
“El señor Choquehuanca, como cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debería ser el primero en defender las facultades constitucionales del Órgano Legislativo y denunciar la violación a la Carta Magna por una acción coordinada entre el Ejecutivo y sus operadores políticos en el sistema de justicia”, refirió.