Cuestionamientos sobre varios postulantes son evidentes, sin embargo, solo los acuerdos y consensos entre asambleístas serán fundamentales para poder alcanzar la cantidad de votos establecida por la Constitución para esta designación.
> Si los congresistas no llegan a un acuerdo en las próximas horas, existe la posibilidad de un empantanamiento por falta de consensos democráticos.

Para esta jornada está prevista la instalación de una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocada para designar a un nuevo Fiscal General del Estado, ante ello, asegurando que la voluntad política será fundamental para proceder con esta tarea, legisladores de oposición advirtieron la posibilidad de no poder alcanzar los dos tercios necesarios para elegir a esta autoridad, tomando en cuenta la fragmentación en todas las fuerzas políticas con presencia en el Parlamento.
“Se tienen diez días para que, si no se logran en la primera sesión los dos tercios, habrá una segunda y una tercera sesión durante este tiempo, esperemos que sea a la primera”, manifestó el diputado paceño Alejandro Reyes.
En criterio del parlamentario de Comunidad Ciudadana, los cuestionamientos sobre varios postulantes que pasaron hasta la fase final de este proceso son evidentes, sin embargo, los acuerdos y los consensos que se puedan dar entre los asambleístas serán fundamentales para poder alcanzar la cantidad de votos establecida por la Constitución para esta designación.
“Los dos tercios van a depender de la voluntad política y de no elegir un fiscal político como el que está dejando el cargo”, afirmó Reyes.
Asegurando que desde la oposición siempre ha existido la voluntad para accionar en el marco de las normativas vigentes, Reyes reiteró que no se permitirá la elección de un “Fiscal político” o una autoridad “disfrazada” que en el fondo responda a los intereses del masismo.
Al respecto, la senadora cruceña Centa Rek sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene dos caminos para la elección del nuevo Fiscal General, uno de ellos es cumplir con el mandato de la Constitución Política del Estado (CPE), designando a esta autoridad por dos tercios de voto, fruto de acuerdos democráticos, la otra opción es permitir una designación por Decreto de Ejecutivo ante un empantanamiento producto de la falta de acuerdos entre fuerzas políticas.
Para la Senadora, si los congresistas no llegan a un acuerdo en las próximas horas, existe una gran posibilidad de que este “empantanamiento” tenga lugar, hecho que podría derivar en la designación de un fiscal interino, esto significaría que, una vez más, el Ministerio Público quede sometido al Órgano Ejecutivo y al presidente Luis Arce.
“Si la elección se empantana, el nombramiento va a estar en manos del presidente Arce, una situación también muy complicada. Esto implicaría que la nueva autoridad llegue al cargo tras recibir el favor directo del primer mandatario y, en este sentido, volvemos a caer en la situación de completo sometimiento y dependencia del Fiscal General al Poder del Ejecutivo y del presidente”, señaló.
Rek también recordó que el actual Ministerio Público se encuentra totalmente sometido al Ejecutivo y ha estado caracterizado por actitudes y acciones reñidas con la aplicación arbitraria de las leyes, incluso con acciones de persecución política contra opositores. “Esto debe cambiar, por ello, el nuevo Fiscal elegido tendrá una gran responsabilidad de hacer un mea culpa para responder a los ciudadanos y no al poder del Ejecutivo”, concluyó.
Previamente, puntualizando que el “arcismo” no cuenta con los dos tercios necesarios para designar un Fiscal General de forma directa, el diputado paceño, José Manuel Ormachea, había anunciado que la oposición rechazará cualquier intento del Gobierno para nombrar esta autoridad vía decreto.
Asimismo, exigió respeto y el estricto cumplimiento de las normativas vigentes, los reglamentos camarales y la institucionalidad democrática del Parlamento nacional, lo que significa rechazar cualquier tipo de maniobra destinada evitar alcanzar consensos para dar paso a esta importante designación.
“La bancada de CC no va aceptar que después de la primera y la segunda ronda de votación, intenten imponernos un Fiscal General desde el Órgano Ejecutivo”, adelantó.
Otros criterios apuntan a observar los posibles acuerdos que se concreten entre fuerzas políticas de oposición y oficialismo, para sacar adelante esta designación, tomando en cuenta que ninguno de los partidos cuenta con la cantidad de votos suficientes para ello. “Se debe exigir, que esta elección y designación se la haga de cara al país y no sea un proceso destinado simplemente a cumplir con cuotas de poder para algunos pequeños grupos”, dijo.
En esa línea, llamó a la ciudadanía y medios de comunicación a prestar atención a cualquier “acuerdo o negociado” que pueda darse entre fuerzas políticas oficialistas y opositoras, pues este será claramente visible el día de la sesión. “La prensa y la población debe estar expectante a lo que pueda pasar”, sostuvo, alertando que quedará en evidencia el estado de las organizaciones políticas, de cara al último año de gestión legislativa y de gobierno.
El viernes, tras recibir el informe final de la Comisión Mixta de Justicia Plural, con la lista de diez postulantes finalistas habilitados para optar por el cargo de Fiscal General, el vicepresidente David Choquehuanca, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocó a la décimo segunda sesión ordinaria de la legislatura 2023-2024, para proceder con la designación del nuevo titular en la Fiscalía General del Estado.
Dicho encuentro está programado para esta jornada a partir de las 15:00 horas, en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las postulaciones más cuestionadas son los actuales fiscales departamentales de La Paz y Santa Cruz, Williams Alave y Roger Mariaca, respectivamente, además del magistrado (autoprorrogado) del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Egüez.
De acuerdo con la normativa vigente, a partir de la convocatoria a sesión, la ALP cuenta con un plazo de diez días para proceder con esta designación.