Miembros de la bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), acudieron a instancias internacionales para denunciar la Sentencia Constitucional 0076/2023 por perjudicar y poner en peligro el patrimonio natural del país, además de demostrar la dependencia y sometimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al Órgano Ejecutivo.

Mediante cartas remitidas a la Organización de Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watc; además del Relator para el Medio Ambiente y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa, reiteró su denuncia en sentido que el Estado Plurinacional de Bolivia podría concretar una atentado al derecho a un medio ambiente sano para la población boliviana.

A esto se suma, una posible afectación al derecho de la población cruceña para el acceso al agua potable a consecuencia de la construcción del tramo II de la carretera que une al kilómetro 13 de la doble Vía a La Guardia con los municipios de Porongo y Buena Vista en el Departamento de Santa Cruz, ya que la propuesta de la estatal de carreteras proyecta atravesar la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Urubó-Güendá, creada en 2021 para la protección de la zona de recarga acuífera de la zona metropolitana de la ciudad de Santa Cruz.

“Como Asambleístas Nacionales de la alianza Política Creemos denunciamos la falta de independencia judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional al haber emitido la Sentencia que atenta contra los acuíferos del patrimonio natural del Departamento de Santa Cruz y los derechos y garantías de los pobladores del Departamento. Exigimos que puedan emprenderse las acciones correspondientes para preservar el medio ambiente, los derechos humanos, la institucionalidad democrática y la independencia judicial en Bolivia”, señala parte de la misiva.

Al respecto la senadora de Creemos, Centa Rek señaló que uno de los compromisos asumidos como legisladores es que “las instituciones debemos velar y denunciar por todo lo que esto significa en nuestro país por lo que debemos estar en alerta, en estado de emergencia y debemos generar las medidas, los recursos necesarios para no permitir que se perpetre este atropello, este crimen, esta destrucción total de las reservas naturales, de las unidades de conservación, esta destrucción total de todo lo que es la posibilidad de salvaguardar nuestro territorio”.

Finalizó señalando que esta denuncia, está dirigida a exponer la falta de independencia, que el TCP evidencia al haber fallado en contra de la Ley Departamental 98 y declarando la nulidad de sus regulaciones.