Así lo admitió ayer el senador del ala “arcista”, Rubén Gutiérrez, aunque minutos antes insistió que la “presión popular” de alcaldes y dirigentes de universidades jugó un papel clave.

“Lo que pasa es que no hay ninguna negociación política, lo que sí hubo algunas reuniones para que se pueda viabilizar tanto internas y desde luego estas reuniones permitieron pues avanzar primero en la reconsideración del proyecto de ley y segundo ingresar a la votación”, indicó.

La noche del martes el PGE reformulado 2023 fue aprobado con el respaldo de 115 diputados, mientras que 38 legisladores votaron por el rechazo y un legislador votó en blanco. En total se sumaron 154 votos.

El legislador argumentó que este trámite se concretó “respetando desde luego cada una de las versiones, los argumentos políticos inclusive que se plantearon en la sesión plenaria desde el punto de vista de una aprobación de un proyecto de ley”.

Gutiérrez aseguró que “hay mayoría absoluta” para aprobar las normas, sin embargo, este proyecto se rechazó en el Senado y luego en el pleno del Legislativo.

En ese marco, consideró necesarios los acuerdos en el Legislativo para avanzar con la actual gestión marcada por la división del MAS.

“Cuando existe este tipo de divisiones necesitamos ante todo sentarnos, debatir internamente, revisar el procedimiento, revisar los articulados”, sostuvo.

En su criterio, “así se tiene que trabajar finalmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como se hizo también en otras oportunidades con algunos otros proyectos de ley, y de aquí en adelante también seguramente se va a optar por el debate democrático”.

RECURSOS

El legislador “arcista” ponderó la “liberación” recursos económicos “muy importantes para gobernaciones, municipios, universidades públicas, estamos hablando de más de 5.421 millones de bolivianos”

DISPOSICIONES

El debate se allanó luego de que el Gobierno retirara dos disposiciones que generaron conflicto y rechazo en el bloque “evista” y en los opositores.

En los citados acápites se avalaba que la ASFI pida información sobre el control de grupos financieros, mientras que el otro apartado exoneraba de responsabilidad al funcionario que reporte operaciones sospechosas.

En la misma línea del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, que advirtió de efectos de orden internacional, el legislador Gutiérrez advirtió que el retiró estas disposiciones adicionales, “que no afectaban”, pueden generarle al país “bastantes críticas que para nosotros debería continuar pero ahí está”.

PROMULGACIÓN

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, promulgó ayer la ley del Presupuesto General del Estado 2023 Reformulado que, luego de varios traspiés, fue aprobada horas antes en una sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el PGE Reformulado 2023, se adiciona recursos y gastos para las entidades del sector público por un total agregado de Bs 6.455.173.440, y un presupuesto consolidado de Bs 5.421.775.252.

De este último monto (consolidado) se destinará Bs 868 millones a los Gobiernos Municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones. (Con datos de Unitel)