Luego del rechazo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a aprobar modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023, sumado a los intentos del oficialismo para intentar responsabilizar a la oposición por esta situación, legisladores puntualizan que las modificaciones presupuestarias ya fueron aprobadas, sin embargo, existen disposiciones adicionales que son tema de discusión.

En criterio del diputado paceño, Carlos Alarcón, el Gobierno apela a esta campaña de “mentiras presupuestarias” con la finalidad de posicionar en la población boliviana y los gobiernos subnacionales, un discurso en el que se responsabiliza a la ALP por una supuesta maniobra para evitar viabilizar modificaciones al presupuesto 2023.

Descartando esta posibilidad, Alarcón puntualizó que las modificaciones presupuestarias ya fueron aprobadas por ambas cámaras en la Asamblea Legislativa, siendo el único detalle que genera rechazo y discusión, la inclusión disposiciones adicionales con un carácter persecutorio y atentatorio contra todo ciudadano.

“En el Senado y en Diputados ya las hemos rechazado porque incluyen disposiciones para generar impunidad penal sobre los sujetos obligados que hacen reportes a la Unidad de Investigaciones Financieras”, detalló el legislador de oposición.

Apuntando que ni en el caso de monarquías constitucionales, el rey cuenta con impunidad penal, Alarcón rechazó que en el país se pretenda otorgar este beneficio en favor de sujetos privados y particulares. Siendo esta una medida totalmente “inaceptable y completamente inconstitucional”.

Otro de los puntos observados por el Diputado, tiene que ver con la disposición que le aumenta recursos a la Procuraduría General del Estado, para disponer la otorgación de “reparaciones económicas y soluciones amistosas” en temas de derechos humanos, sin que estos casos sean valorados por comisiones u organismos especializados en este tipo de temática, como la CIDH .

Asimismo, cuestionó que se pretenda aprobar tácitamente presupuestos de municipios y gobernaciones por el trascurso del tiempo en trámites internos presupuestarios en el ámbito subnacional. “Estos temas tienen que ver con la autonomía de cada gobierno departamental y municipal, el Estado no debería meterse en esto con una ley de alcance nacional”, indicó.

Desde la agrupación Creemos, el diputado Walthy Egüez, afirmó que el reciente rechazo al Presupuesto General del Estado reformulado 2023, en la Asamblea Legislativa, se debe a la manipulación del Gobierno, al haber intentó imponer acciones persecutorias y de confiscación de la propiedad privada de la población, usando políticamente a los municipios y entes autónomos.

Explicó que el dinero designado para los municipios, universidades y gobernaciones fue aprobado tanto por Senado como por Diputados, siendo las observaciones a las siete disposiciones ajenas al PGE, el centro de las discrepancias, observadas por la oposición en Diputados y luego por la Cámara de Senadores.

“Las alcaldías tienen que reclamarle al Gobierno Central el rechazo al presupuesto que esperaban. Mañosamente el poder central intentaba meter artículos camuflados de disposiciones adicionales, para atentar contra los derechos y las libertades de todos los bolivianos”, sostuvo.

Egüez puntualizó que las disposiciones adicionales sexta y séptima, pretendían reponer atribuciones inconstitucionales a la Unidad de Investigaciones Financieras y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de procesar y perseguir a todo opositor político bajo el argumento de “operaciones sospechosas”, amenaza que en 2021 ocasionó un paro y protesta nacional de nueve días.

Recordó que, en octubre pasado el Gobierno ya intentó pasar por alto el rechazo de la población a estas acciones persecutorias encubiertas en las disposiciones adicionales sexta y séptima del Proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, Gestión 2023.

En ese sentido, aclaró que de los Bs 5.421 millones, que es el total del presupuesto reformulado, sólo Bs 868 millones están destinados a los municipios; por tanto, ese monto tampoco alcanza para cubrir todos los reclamos señalados por las alcaldías; en tanto, para las gobernaciones se destinaba sólo Bs 39 millones.

Ayer en la madrugada, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, determinó rechazar el proyecto de Ley 464 “de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023” con un total de 92 votos en contra, 62 votos a favor y 3 votos nulos.

Para el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, se trató de un “boicot económico” pactado entre el “evismo” y las fuerzas de oposición.

La autoridad además, calificó la medida como una posición contraria al pueblo boliviano, misma que imposibilita a gobernaciones, municipios y universidades poder contar con recursos para cerrar la gestión en una situación crítica en el país a causa de incendios y sequías.