Reiterando que no existe la posibilidad de garantizar a la ciudadanía la designación de nuevos magistrados en altas cortes de justicia en la presente gestión, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, señaló que esta posibilidad se constituiría en un “quiebre del proceso democrático” que acumularía funciones de diferentes instancias en un solo Órgano del Estado.

En conferencia de prensa, la legisladora representante de la capital del Estado, indicó que una posible solución al problema de la paralización en el proceso de las Elecciones Judiciales, es la elaboración de una nueva normativa de convocatoria y reglamento, sin esperar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que semanas atrás ordenó paralizar todo tratamiento en la ALP.

En ese sentido, rechazó la posibilidad de que el Gobierno opte por un “decretazo” de prórroga, como una salida para evitar acefalías en el Órgano Judicial a partir del mes de enero. Sostuvo que, de darse esta posibilidad, se afectaría gravemente la independencia de poderes y la democracia en el país.

“Si por alguna razón al Gobierno se le ocurrirá emitir un decretazo, estaríamos haciendo un quiebre en el proceso democrático. Estaríamos acumulando las funciones de diversos Órganos en uno solo”, dijo.

Salame detalló que con una determinación de esa magnitud, desde el Gobierno se estaría afectando la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de preseleccionar postulantes para cargos en altas cortes, además de pasar por alto la facultad del Órgano Electoral de organizar y llevar adelante el día de votación para las Elecciones Judiciales. “Lo más grave es que se estaría afectando lo establecido por la Constitución Política del Estado en relación a que es el ciudadano quien elige o se postule”, puntualizó.

Sobre la consulta de constitucionalidad enviada por el Tribunal Supremo de Justicia al Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la ley transitoria para las Elecciones Judiciales, aprobada por el Senado y remitida a la Cámara de Diputados, cuya admisión paralizó su tratamiento en tanto se emita una resolución final, Salame recordó que esta instancia tiene un plazo de 45 días para pronunciarse, sin embargo, es de esperarse que el dictamen sea emitido al límite de este tiempo.

“El Tribunal Constitucional tiene 45 días para responder y va responder el día 44, como la anterior vez, lo que sí, nosotros tenemos la facultad de trabajar en otro Proyecto de Ley”, indicó.

El pasado 29 de septiembre, el TCP determinó admitir la consulta de control de constitucionalidad a la Ley Transitoria de las Elecciones Judiciales, presentada por el TSJ, con esto, también se ordenó la suspensión de su tratamiento en la Cámara de Diputados.

“La Comisión de Admisión, en virtud a lo establecido por el artículo 114 del Código Procesal Constitucional, resuelve admitir la consulta sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144/2022-2023, denominado proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”, señala la decisión del TCP.

A su vez, en declaraciones a Erbol, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, pidió no dejar vacante el trabajo del Órgano Judicial, priorizando una salida para el problema de las Elecciones Judiciales.

“No se puede dejar al pueblo boliviano con una vacancia del Órgano Judicial sin impartir justicia a los bolivianos, se ha explicado que existen competencias muy propias de los altos tribunales”, dijo, advirtiendo además que una vacancia en las altas cortes de justicia significaría la suspensión de distintas actividades que se llevan adelante desde estas instancias.

En criterio de Salame, estos pedidos revelan que existen intereses para buscar la prórroga de las actuales autoridades de justicia, misma que puede evidenciarse en el conjunto de medidas asumidas para frenar el proceso de preselección de candidatos en la ALP.

“Esto nos releva de tener que probar que están ellos detrás de esto. Es lamentable que el Órgano Judicial haya tejido, junto con algunas otras personas, toda esta maraña para que no pueda arribarse a una preselección”, cuestionó la parlamentaria.

El mandato de las altas actuales autoridades en el TSJ, TCP, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Medioambiental finalizarán en diciembre de este año, estos cargos corren riesgo de quedar acéfalos por todas las complicaciones y suspensiones que sufrió el proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa.