Tras el acuerdo alcanzado entre el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y familiares de víctimas durante los conflictos en octubre de 2003, para pagar un resarcimiento a cambio de finalizar acciones legales en los Estados Unidos, parlamentarios de oposición y oficialismo reavivaron los debates en torno a una posible extradición de la exautoridad.

Los principales cuestionamientos en el ámbito político tienen que ver con el tiempo transcurrido desde 2003 hasta la fecha, sin que se hayan logrado resultados a las gestiones del Estado boliviano para una extradición de las dos exautoridades nacionales, mismas que permanecen en el país del norte, pese a tener cuentas pendientes con la justicia en territorio nacional.

Para el exdirigente alteño, Roberto de la Cruz, los delitos cometidos por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, tienen “relevancia jurídica de orden público” que los hace imprescriptibles en el país, lo que manda a insistir en las gestiones para conseguir una extradición.

En ese sentido, adelantó que solicitará reunirse con autoridades de Gobierno para exponer estos puntos y que se informe sobre las gestiones de la actual administración para conseguir que el exmandatario retorne al país para responder por sus actos.

“Más que nunca estamos obligados a impulsar estas extradiciones, por ello, en las próximas horas estamos solicitando al Gobierno una audiencia y hacer conocer esta preocupación, y para que se nos informe cuál es la situación jurídica de extradición, ya que el anterior gobierno de Evo Morales nunca tuvo la voluntad política para gestionar esta posibilidad”, manifestó De la Cruz.

Desde el oficialismo, el diputado Freddy Mamani, destacó que parte de las víctimas de “Octubre Negro” hayan logrado una compensación por sus pérdidas mediante una conciliación, sin embargo, las responsabilidades por los hechos de 2003 deben ser juzgadas por la justicia nacional, lo que obliga al Estado boliviano a insistir en la extradición.

“Se tiene que continuar con las gestiones para una extradición porque ese es el pedido del pueblo, no solo de nosotros, y hasta este momento continúa ese pedido”, afirmó Mamani en conferencia de prensa.

Al respecto, el senador Félix Ajpi, reconoció que es muy remota la posibilidad de que las exautoridades requeridas por la justicia boliviana retornen al país, esto por la protección que las leyes estadounidenses aplican en el caso de sus ciudadanos.

“La extradición está difícil para el pueblo boliviano, no olvidemos que el señor Sánchez de Lozada tiene ciudadanía norteamericana, en la Constitución de ese país se indica que no pueden entregar a otro Estado a uno de sus ciudadanos. Está difícil aunque hagamos campañas a favor o en contra de alguien, va ser difícil”, indicó.

Señaló además que, el caso del exministro Sánchez Berzaín no es similar, pero esta persona puede advertir que sus derechos corren riesgo en caso de regresar a territorio nacional, lo que obligaría al país del norte a evitar esa posibilidad.

Sobre el resto de víctimas que no están incluidas en la compensación, Ajpi afirmó que la jurisprudencia abre la posibilidad para que se presenten nuevas demandas, pero eso deberá ser analizado por los interesados.

“Faltan más de 60 personas, yo creo que con esta jurisprudencia pueden demandar los demás damnificados si es que la justicia norteamericana se los permite. En nuestro país este tipo de delitos son imprescriptibles”, recordó.

Desde la oposición, el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, acusó a los gobiernos del Movimiento al Socialismo por no haber hecho nada para lograr que las exautoridades retornen al país a responder por sus actos, esto con el fin de mantener en la lejanía a un “enemigo discursivo” acorde a sus intereses y lineamiento político.

“El MAS no hizo absolutamente nada para conseguir la extradición, prefirieron que (Sánchez de Lozada) esté fuera del país para tener alguien con quien luchar, ese enemigo discursivo que buscaron ya se les acabó y ahora prefieren pelear entre ellos”, dijo.

El canciller Rogelio Mayta, calificó esta compensación como un logro de las luchas populares en el país, mismo que no descarta la posibilidad de una futura extradición. “El tema está pendiente en Bolivia, en otro juicio”, declaró la autoridad.

El jueves, se conoció que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas de octubre de 2003, para pagar un monto de resarcimiento, a cambio de evitar mayores acciones de parte de los demandantes. Las partes acordaron en no divulgar el monto del resarcimiento pactado.

La información fue difundida por el Centro de Derechos Constitucionales, que patrocina a los demandantes: ocho familias de víctimas de los hechos de 2003 y que denunciaron a Goni en la justicia de Estados Unidos.

Los términos de la conciliación prohíben a los demandantes realizar mayores acciones contra los demandados, respecto a los hechos de 2003. Además, específica que la decisión de conciliar no implica que Goni y Sánchez Berzaín admitan responsabilidad.