Tras conocerse el veredicto de un laudo arbitral en el que se conmina al Estado boliviano a pagar 253 millones de dólares a la empresa multinacional Glencore, legisladores de oposición apuntaron al exprocurador general del Estado, Wilfredo Chávez, como el principal responsable de una nueva derrota que afecta los intereses y la economía del país.

Para el diputado por Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, este fallo se trata del último “regalo” dejado por Chávez al Estado boliviano antes de ser alejado del cargo, así mismo, cuestionó que la nueva deuda se sume a otros montos anteriormente fijados por instancias internacionales como penalización al país, producto de la mal llamada “nacionalización” durante el gobierno de Evo Morales.

“No podía irse tranquilo. Nos tenía que dejar un último ‘regalito’ a todos los bolivianos. Perdimos otros arbitraje más, ahora contra la minera Glencore y tenemos que pagar otros 250 millones de dólares sumados a los mil millones que ya había perdido Chávez”, sostuvo el legislador paceño desde sus redes sociales.

En criterio del diputado Alejandro Reyes, el arbitraje contrario a los intereses nacionales es fruto de la mala gestión al frente de la Procuraduría en los últimos años, por lo que reiteró su pedido para la ejecución de auditorías externas a todo el trabajo de Chávez al frente de esta instancia.

“Tiene que haber un proceso contra esta persona, además de la inmediata notación de sus bienes porque estos recursos deben salir de su bolsillo, fácilmente tratan de responder con la plata de otros pero ellos tienen que hacerse cargo”, indicó.

Puntualizó que los procesos a ser iniciados deben salir de forma inmediata para garantizar que todos los responsables respondan por sus actos ante las instancias que correspondan. “Nos han llevado a perder todos los arbitrajes y por supuesto a todas las personas que han compuesto esta Procuraduría, desde el inicio tienen que responder ante la justicia”, dijo.

Así mismo, asambleístas como la cochabambina Alejandra Camargo, cuestionaron la habilidad de la exautoridad por haber pasado por diferentes Gobiernos, pese a todas las observaciones en su contra.

“Se trata de un político de características camaleónicas, es por eso que se ha propuesto una ley para evitar que autoridades que salieron de sus cargos vuelvan a retomar funciones”, puntualizó.

Desde el ala “evista” en el oficialismo, el diputado Renán Cabezas, manifestó que el nuevo procurador del Estado, César Siles, debe apelar el laudo arbitral que ordena a Bolivia pagar 253 millones de dólares a la multinacional Glencore. “Esperemos que haga una tarea correcta, haga una representación al Estado apelando esta medida para que no se pierda tanta plata”, dijo.

Sobre las responsabilidades producto del laudo, Cabezas recordó que fue Álvaro García quien firmó en 2012 el decreto de nacionalización de Colquiri como presidente en ejercicio.

En cuanto a los criterios que responsabilizan a Chávez, consideró que desde la oposición se recurre a la polémica, sin embargo, debe ser la propia exautoridad la que asuma su defensa en caso que se efectivicen los anuncios de procesos en su contra.

El viernes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que, producto de un laudo arbitral en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, se determinó que el Estado boliviano deberá cancelar la suma de 253 millones de dólares a la empresa multinacional Glencore, por la nacionalización de complejos mineros realizados durante el Gobierno de Evo Morales.

El monto otorgado a Glencore es de $us 253.591.796 por cuatro conceptos: la mina de Colquiri, fundición de estaño, fundición de antimonio y reserva de estaño, precisó Siles.

El proceso comenzó en 2017, a demanda de la multinacional por las nacionalizaciones que se decidieron entre 2007 y 2012.

Siles señaló que la multinacional demandó en un inicio 675 millones de dólares, monto que actualizado era de 778 millones de dólares, resaltando que esta cifra implica una reducción considerable, respecto a lo que pedía inicialmente la empresa demandante.

No obstante, el Procurador anunció que se analizará la posibilidad de demandar la anulación del laudo y que se suspenda su ejecución. También se analizarán las actuaciones de los equipos nacional e internacional en este y otros arbitrajes, además del rediseño de la estrategia legal, agregó.