Entre enero y julio de este a帽o,聽se registraron 44 episodios de vulneraci贸n de derechos y libertades fundamentales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de las cuales 41 est谩n relacionadas con la institucionalidad democr谩tica, lo que evidencia el grave deterioro del Estado de Derecho, seg煤n un an谩lisis de Unitas.
Otros tres casos tienen que ver con la libertad de prensa y se plasmaron en acciones directas de agresi贸n entre asamble铆stas, omisiones en la transparencia de sus actos, apego a la norma, amenazas a periodistas y otros.
El dato corresponde al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, que agrupa estas vulneraciones en cinco eventos detonantes: las elecciones judiciales, la pr贸rroga del mandato de magistrados, los conflictos partidarios, la corrupci贸n y los actos contrarios al ejercicio de derechos.
En la primera categor铆a se agrupan cinco vulneraciones cometidas en contra de la institucionalidad democr谩tica. El 22 de febrero, la C谩mara de Diputados se convirti贸 en un campo de pelea entre legisladores del ala arcista y opositores, los primeros exigiendo la aprobaci贸n de siete cr茅ditos enviados por el 脫rgano Ejecutivo y, los segundos, demandando la cesaci贸n de funciones de los magistrados que prorrogaron su mandato.
Las agresiones no s贸lo se dieron entre asamble铆stas, sino tambi茅n entre simpatizantes y organizaciones sociales que, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, optaron por cerrar y obligar a los legisladores a aprobar los cr茅ditos y, tambi茅n, se enfrentaron por las mismas demandas en alrededores de la Vicepresidencia.
La violencia en la C谩mara de Diputados se volvi贸 a repetir el 27 y 29 de febrero. El 27 se suscit贸 una jornada violenta en la C谩mara de Diputados, luego de que un grupo de legisladoras de oposici贸n acudi贸 hasta la testera para impedir que se prosiga con la sesi贸n, que preve铆a, primero, el tratamiento de los cr茅ditos internacionales y, al final, la cesaci贸n de la pr贸rroga de los magistrados.
Son un total de 23 vulneraciones cometidas por acci贸n directa u omisi贸n derivadas del proceso de preselecci贸n de candidatos para las altas cortes del pa铆s, 22 de los registros tienen que ver con atentados a la institucionalidad democr谩tica y una con la libertad de prensa.
Los conflictos partidarios al interior de la Asamblea Legislativa tambi茅n han generado diez vulneraciones a la institucionalidad democr谩tica en estos siete meses del a帽o. Por ejemplo, con la no convocatoria a sesiones de la C谩mara de Diputados este a帽o y la alegaci贸n del presidente de esta instancia, Israel Huaytari, de que ello implica un gasto de 35.000 bolivianos (23/04/24).
Por otro lado, se han denunciado actos de corrupci贸n en el 煤ltimo tiempo en la C谩mara de Diputados, una vincula a funcionarios cercanos al presidente Israel Huaytari, quien tuvo que destituir al Oficial Mayor, al jefe de Recursos Humanos y a otros funcionarios por presuntos actos de violaci贸n sexual y extorsi贸n en esta entidad.
La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que 鈥渆l grave deterioro del Estado de Derecho en un Estado parte no s贸lo repercute en los niveles de gobernabilidad democr谩tica; por el contrario, la experiencia hist贸rica en Latinoam茅rica ha demostrado que el deterioro institucional implica la afectaci贸n de derechos fundamentales y crea un caldo de cultivo para posteriores situaciones de violaciones a los derechos humanos鈥.
En ese sentido, la CIDH ha destacado que, para lograr un desarrollo democr谩tico participativo y estable es necesario contar, entre otras, con un poder legislativo independiente y eficaz. Por lo tanto, es fundamental para los pa铆ses contar con un poder legislativo independiente y eficaz que pueda actuar como garante de la democracia. Solo de esta manera se puede asegurar un desarrollo democr谩tico participativo y sostenible, que proteja los derechos humanos y fortalezca las estructuras institucionales para prevenir futuras violaciones y garantizar la gobernabilidad democr谩tica. (Sumando Voces)