Piden priorizar la continuidad del proceso para las elecciones judiciales, resolviendo recursos en los que se tome en cuenta “el bien mayor” que es el clamor de la población por un mejor sistema de justicia.

Afirmando que los recursos de Amparo interpuestos para evitar la conclusión de las elecciones judiciales deben ser resueltos en favor de la población boliviana, el diputado por la agrupación Creemos, Walthy Egüez, señaló que es prioritario dar paso los cambios que la ciudadanía pide en materia de justicia.
El legislador nacional se refirió a dichos recursos judiciales como acciones premeditadas y direccionadas por cuestionados magistrados “autoprorrogados”, todo con el objetivo de permanecer en el cargo hasta el 2026, tal como supuestamente se tendría acordado con la actual administración.
“Decirle al juez que tiene en sus manos la facultad de resolver los amparos que no se preste a ese juego también puede ser pasible a futuros juicios (…). No puede ser que los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y un decepcionado Lima (exministro de Justicia) hoy estén operando para echar por la borda las elecciones judiciales para que puedan mantenerse hasta el 2026 en un oscuro acuerdo con el Gobierno”, señaló.
En este contexto, advirtió que la población está hastiada con el manoseo político de la administración de justicia que se ejerce desde el Gobierno.
Esta semana, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, infirmó que el Tribunal Departamental de Justicia del Beni postergó para la próxima semana la audiencia que debe tratar un nuevo Amparo Constitucional contra el proceso de las Elecciones Judiciales, presentado por el expostulante Hugo Vargas.
“El día de hoy (jueves) debió llevarse la audiencia, sin embargo, se suspendió por algunos defectos de forma y alguna falta de notificaciones para la próxima semana”, explicó el vocal durante una entrevista televisiva.
Asimismo, Vargas recordó que la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 y la Ley del Régimen Electoral establecen la aplicación del “principio de preclusión”, por lo que cada actividad ejecutad en el marco de los procesos electorales no puede revisarse ni repetirse. “Ya la fase de preselección ha sido agotada y cerca de 16 actividades del calendario electoral han sido debidamente ejecutadas en tiempo oportuno. Por ejemplo, el empadronamiento biométrico que se desarrolló durante 11 días ya ha culminado. Estamos en la fase de publicar las listas de ciudadanos inhabilitados y luego entramos a una fase final de organización, de administración del proceso electoral”, apuntó el vocal.