Desde incumplimiento de deberes, vacío de poder hasta ruptura del orden constitucional es lo que se avizora en Bolivia por la postergación de las elecciones judiciales para 2024, expresó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar. En contraste, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, cree que solo faltan acuerdos políticos para encaminar este proceso.

Cuéllar, en entrevista con Visor21, alertó que se viene un vacío de poder en el Órgano Judicial entre el 31 de enero y el 2 de enero del siguiente año, por acción directa de los Órganos Legislativo y Ejecutivo que han dilatado las elecciones judiciales para la designación de nuevos magistrados, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) prevé que el mandato de estos administradores de la justicia es de solo seis años.

“Se sabía hace seis años que el mandato de los magistrados fenecía este 31 de diciembre”, reclamó el rector y abogado cruceño. Por tanto, agregó, “se debe identificar a quienes ingresaron en la figura de incumplimiento de deberes” por no haber desarrollado el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa.

Según el rector y líder cruceño la preselección se ve empantanada por las pugnas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) que ahora incluso busca a la oposición para lograr los dos tercios necesarios para la aprobación de las listas.

Ese proceso fue suspendido en dos oportunidades por acciones y amparos presentados por terceros ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta que el 31 de agosto el Senado decidió aprobar una ley corta para encaminar las elecciones judiciales con plazos mínimos de acción para la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, sin embargo, exceden a la presente gestión. Incluso el proyecto aprobado se denomina “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023 – 2024”.

“Con una ley corta quieren transgredir la CPE y eso es algo que no se puede concebir”, manifestó Cuéllar.

“La Uagrm presentó un proyecto de ley hace cinco meses para que las universidades se hagan cargo de la evaluación de méritos y conocimientos con la finalidad de facilitar la labor del Legislativo, pero también para garantizar la presencia de profesionales probos en este proceso”, agregó.

La norma pasó a la Cámara de Diputados, pero a más de dos semanas no se convocó a sesión para su tratamiento y, en cambio, se decidió mandar el proyecto nuevamente a consulta constitucional.

Cuéllar considera que esa acción de consulta vulnera la CPE, porque se pedirá al TCP que interprete y amplíe su propio mandato más allá de los seis años que tienen en legalidad. “Casi se puede decir que se rompe el orden constitucional por este tipo de acciones”.

El entrevistado concluyó que a partir del 2 de enero se generará un vacío de poder y todos los actos de los magistrados son nulos de pleno derechos a partir de esa fecha.

CONTINUARÁN TRABAJANDO

En contraste, el expresidente de la República, Eduardo Rodríguez Veltzé, en declaraciones a radio Panamericana, rechazó que se vaya a generar un vacío de poder en el TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, porque el Órgano Judicial continuará trabajando en todas sus dependencias.

Según explicó, solo se suspenderán algunas causas y procesos por unos días y esto no debería afectar al sistema judicial en su conjunto.

Sus palabras coinciden con una de las disposiciones del proyecto de ley aprobado en el Senado que determina la suspensión de todos los procesos a partir del 2 de enero, hasta que se designen a las nuevas autoridades del Órgano Judicial con sede en Sucre.

Para Rodríguez Veltzé es necesario que se busquen consensos dentro de la Asamblea Legislativa, para encaminar el proceso de las elecciones judiciales lo antes posible, pero también rechazó que se amplíe el mandato de los actuales magistrados, que es una opción que ya circula en pasillos de senadores y diputados. (Visor21).