Mediante una nota en la que se reitera el pedido para sostener una reunión formal con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Senadores y Diputados de la agrupación política Creemos, expresaron su disconformidad con el cierre de la solicitud de medidas cautelares en favor del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y pidieron conocer los estándares que se utilizan para otorgar este tipo de medidas.

La nueva carta dirigida a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, señala que el objetivo de solicitar una reunión formal es para reiterar la preocupación por “la situación real del Gobernador y de las violaciones de sus derechos que exponen la gravedad y urgencia de la situación”.

“Estamos al tanto de las atribuciones y roles de la Comisión, pero dentro de los mecanismos que ofrece la CIDH según su mandato en la Carta de la Organización de Estados Americanos, Estatuto y Reglamento, no existe ninguno que pueda ofrecer protección oportuna a la situación del Gobernador de Santa Cruz que no sea el otorgamiento de Medidas Cautelares. También estamos al tanto que no existen apelaciones a una decisión de la CIDH pues no es un Órgano Judicial, pero si es posible una reconsideración de lo actuado”, señala parte de la nota.

En ese entendido, los senadores y diputados consideran que la CIDH atraviesa una “falta de independencia e irregularidades de este Órgano Internacional, que en años anteriores concedió Medidas Cautelares ante simples amenazas por mensajes de texto y ahora decide no otorgar protección a un hombre enfermo que mantienen secuestrado a más 3500 más de altura del nivel del mar, con enfermedades autoinmunes que pueden complicarse con otras adquiridas debido a las condiciones de su reclusión y la tortura psicológica de la que es víctima, hombre que además, ejerce un cargo público, es una autoridad en ejercicio que fue elegida por el voto popular de todos los habitantes del Departamento”.

Para finalizar, los parlamentarios opositores reiteraron su solicitud para concertar una reunión virtual con la Presidenta de la CIDH y su equipo de Medidas Cautelares, “para que nos trasmitan las razones en las que se basaron para cerrar el trámite en favor del Gobernador Camacho, y los estándares que ahora manejan para proceder al otorgamiento de medidas cautelares”.

En el mes de agosto de esta gestión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó no otorgar las medidas cautelares al gobernador cruceño y dio por cerrado el expediente de la solicitud presentada por legisladores de Creemos.

“Tras haber analizado la información aportada por las partes al día de la fecha, la Comisión ha considerado oportuno no otorgar medidas cautelares y cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento”, señalaba parte del documento remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores.