Tras confirmarse que el Ministerio Público admitió la denuncia presentada en contra del hijo del presidente Luis Arce, el diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Pacifico Choque, pidió al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) e iniciar una investigación imparcial.

En declaraciones a medios de prensa, el diputado nacional, exigió al titular en la FGE cumplir con su rol constitucional y dar prioridad a las investigaciones, en este caso hasta establecer la verdad de los hechos.

“Según la Constitución Política del Estado, en su artículo 225, se obliga de manera taxativa al fiscal general defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad en el ejercicio de la función pública siempre amparado en principios de responsabilidad, objetividad, responsabilidad y autonomía”, puntualizó Choque.

Afirmando que los recursos que provengan de la explotación del litio son un tema de interés nacional, Choque señaló que todos los ciudadanos están en la obligación de defender este recurso, como uno de los últimos para el aprovechamiento de esta generación.

En ese sentido, reiteró la necesidad de establecer responsabilidades y conocer si se cometió un delito con la supuesta negociación extraoficial para la explotación de este recurso.

“Si se hubiesen estado realizando negociaciones incompatibles y sin ser parte del Órgano Ejecutivo o funcionario del Ministerio de Hidrocarburos, con empresas transnacionales, debe preocuparnos a cada uno de nosotros y no solo a las autoridades”, dijo.

Ayer, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se admitió la denuncia presentada en contra del hijo del presidente Luis Arce, por lo que el caso fue remitido a La Paz.

“Esa denuncia fue presentada en la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual fue derivada a la fiscalía de La Paz. La misma ha sido admitida y va a seguir el proceso correspondiente en la investigación de esta denuncia”, comunicó Lanchipa.

Según la denuncia, se presume que Marcelo Arce Mosqueira, incurrió en “negociaciones incompatibles con los intereses del Estado” mediante tratativas con empresarios en torno a recursos estratégicos como el litio, los hidrocarburos y minería, sin ser funcionario público, por lo que se le acusa por el delito de tráfico de influencias.

“Como autoridades de la Asamblea Legislativa hemos hecho la presentación de un memorial al fiscal general, a objeto de que se realicen y promuevan los actos administrativos para poder esclarecer la verdad histórica sobre este hecho”, concluyó Choque.