La Ley de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas, para actividades agrícolas y pecuarias, fue promulgada en el gobierno de Evo Morales el 29 de septiembre de 2015, y desde entonces permitió la actividad de los chaqueos en zonas que registraron datos alarmantes de incendios, sobre todo en 2019 con la quema de más de 5,3 millones de hectáreas en la Amazonía y Chiquitanía de Bolivia.

En ese marco, la anterior semana, Álvarez, y su colega diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, presentaron un proyecto de ley para la abrogación de esta norma, sin embargo, el pleno de la Cámara Baja se negó a tratar bajo la excusa que el documento de un artículo con dos incisos debía pasar por debate en la Comisión de Región Amazónica que se encuentra acéfala hace más de dos semanas.

Por su parte, desde la Fundación Tierra, se difundió un pronunciamiento, en el que se adhieren a la demanda ciudadana de abrogación de la Ley 741.

“Sabemos que las causas de fondo de los desastres ambientales no se deben únicamente a la mencionada Ley, pero su vigencia e implementación está provocando la expansión del fuego descontrolado a nuevas regiones de Bolivia, particularmente en el norte de La Paz, en las zonas de nuevos asentamientos entre Ixiamas, Rurrenabaque, Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Reserva Forestal El Choré, Guarayos, entre otros”, cita el documento.

Esta organización agregó tres argumentos para sustentar la petición: incumplimiento de la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria; los desmontes no fueron destinados para la producción de alimentos, y crecimiento injustificado de desmontes en comunidades.

En cada caso se estudió los efectos de las quemas realizadas desde 2015 bajo la excusa de la expansión de la producción agrícola, pero que resultó en la creación de monocultivos como ser la soya, sobre todo en el oriente del país. Asimismo, los desmontes que llegaban a las 25 mil hectáreas en 2015, escalaron hasta superar las 90 mil ha para 2022.

Desde los sectores activistas también surgió el planteamiento de abrogación de la Ley 741. El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, presentó un documento en el que se pide desmontar con el paquete de nueve leyes incendiarias en Bolivia, incluida la referida norma.

“A través del mandato de defender el bien común, nuestro patrimonio y biodiversidad, los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en resistencia, debiendo abrogarse las leyes 337, 502, 739, 740, 741, 1171, 1090 y los decretos supremos 3874 y 3973”, leyó Morales, la anterior semana, acompañado del diputado de CC, Enrique Urquidi.

Anteriormente, el director Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Omar Tejerina, había adelantado que desde el Gobierno y las organizaciones sociales se planteó la abrogación de la Ley de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas, para actividades agrícolas y pecuarias.

“Se ha propuesto que la ley 741, que permite los chaqueos hasta 20 hectáreas, sea abrogada, hay un consenso generalizado. Como casi diez años está vigente esa ley y ante el clamor de la población puede ser abrogada en los siguientes días”, expresó el funcionario luego de una conferencia de prensa brindada en Santa Cruz.