“El actual Tribunal Constitucional en su afán de favorecer al poder político ha contribuido a profundizar la crisis de la justicia en Bolivia. Por ejemplo, el tribunal ha entorpecido la elección de autoridades judiciales debilitando, aún más, la institucionalización democrática del Estado de derecho”, dijo el representante del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Franco Albarracín durante su intervención.

El viernes concluyó las audiencias públicas del 188 período de sesiones de la CIDH con el caso de la justicia boliviana, en el encuentro participó la Fundación del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, la Oficina Jurídica para la Mujer y la Human Rights Foundation, en representación de la sociedad civil.

Por parte del Estado, asistió el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Héctor Arce, el presidente del TCP, Paul Franco, además de los magistrados Karem Gallardo, Gonzalo Hurtado y Petronilo Flores, quienes presentaron un informe sobre las acciones de esa instancia judicial.

En una primera parte del informe se puso énfasis en los problemas en el TCP, la imposibilidad de recusar a los jueces en un determinado caso, la cantidad de votos que obtuvieron los magistrados en las elecciones judiciales y la sumisión al Ejecutivo en casos relevantes, además de los casos de corrupción donde se han visto involucrados.

“El tribunal ha sido cuestionado por las resoluciones controvertidas y polémicas respecto de casos sensibles al interés público, que fueron tramitados de forma confusa y poco transparente, empleando fundamentos carentes de razonabilidad y manifiestamente a favor de los intereses gubernamentales. Nos referimos al fallo como la despenalización del aborto, o en el caso de que desconoce a los indígenas al territorio y a la conservación del medio ambiente”, explicó el representante de la Fundación del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rubén Darío Cuellar.

Asimismo, indicó que la falta de la independencia judicial fue puesta en debate desde hace mucho tiempo y es de conocimiento de instancias internacionales, la instrumentalización de la justicia con fines políticos y otros elementos que fueron detectados por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que hasta ahora continúan.

“La falta de independencia judicial, la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos, el uso indebido del proceso penal para la persecución política y los obstáculos para la verdad, justicia y reparación, patrones identificados por el informe del GIEI persisten, generando impunidad en los casos de flagrante vulneración de los derechos humanos, cometidas en contra de personas críticas al partido oficialistas sucedidos durante la crisis de 2019”, agregó.

DATOS

Otra parte del informe detalló que entre el 2012 y 2022 el TCP recibió 431 acciones de inconstitucionalidad abstractas, un promedio de 43 recursos por año, a la vez, se indicó el tiempo que el TCP demora en resolver los casos, incluso en uno de ellos llegó hasta los 1.700 días, sin pronunciarse. Ese retraso ocasiona el fracaso de la acción de inconstitucionalidad porque no existe una respuesta oportuna.

En ese sentido, el representante de Human Rights Fundation, Javier El-Hage, informó que entre el 2012 a julio de 2014 se rechazaron siete acciones, pero entre julio de ese año hasta diciembre de 2022 se desestimaron un total de 189 casos. El experto consideró que ese cambio drástico se debe a que tres magistrados fueron sometidos a un juicio de responsabilidades en 2014.

“Esta segmentación se explica en el notorio cambio de dirección de las resoluciones del tribunal, luego que tres de sus miembros fueron sometidos a juicio de responsabilidades por haber admitido una acción contra una ley impulsada por el Ejecutivo y haber dictado una medida cautelar”, afirmó.

En 2014, los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez fueron sometidos a un juicio de responsabilidades por prevaricato, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes porque emitieron en auto constitucional que suspendió la aplicación de la Ley del Notariado.

A la vez, indicó que la causal invocada para rechazar el 90,5% de los casos fue “carecer en absoluto de fundamentos jurídicos constitucionales”, a pesar de que no es atribución de la comisión de admisión emitir una resolución de fondo.

REACCIONES

La exposición de los representantes molestó al embajador Arce y cuestionó que se haya mencionado casos específicos, al extremo que calificó el documento como “político” y pidió a la vicepresidenta de la CIDH, Roberta Clarke, que ponga orden en la sala.

Finalmente, el diplomático boliviano aseguró que en el país no existen presos políticos y que el gobierno de Luis Arce no firmó ningún acuerdo reconociendo ese punto. Esa aseveración molestó a los asistentes, entre activistas y familiares de los perseguidos, quienes comenzaron a llamarlo “mentiroso”.

“No existe ningún acuerdo del gobierno, del presidente Luis Arce, no reconoce, no existe y niega la existencia de cualquier acuerdo mucho menos que haya mencionado la existencia de presos políticos. En el Estado Plurinacional de Bolivia no existe presos políticos”, expresó.

INFORME PAÍS

Tras la conclusión de la sesión, Albarracín indicó que el objetivo era presentar información sobre la crisis judicial en el país, las consecuencias que tiene en la defensa de los derechos humanos. Dijo que esos datos serán tomados en cuenta en el “Informe País” que presentará la Comisión el próximo año.

“La CIDH debe dar a conocer un Informe País sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia, aún no existe una fecha exacta para la presentación del informe, pero estimamos que será el próximo año”, añadió. (ANF)