El jefe de la bancada por Creemos en la Cámara de Senadores, Henry Montero, reiteró que el proceso que se sigue en contra de Fernando Camacho y Marco Pumari es un “juicio montado” y ante la falta de elementos jurídicos sólidos que apunten a algún grado de responsabilidad en los acusados, corresponde su cierre inmediato.
“Se trata de un juicio que no tiene pies ni cabeza, un juicio montado por el Movimiento al Socialismo con una retórica en la que se hace referencia a un supuesto Golpe, cuando no tienen pruebas de ello. Han sido ellos elocuentes al de decir que la única prueba que tiene en contra del gobernador Fernando Camacho es un recorte de periódico, por eso lo tienen secuestrado en Chonchocoro. Este juicio tendría que cerrarse si hubiera una justicia independiente y objetiva, no recibir presiones políticas y no debía avanzar este montaje de juicio político del MAS”, afirmó Montero.
Tras la presentación de excepciones e incidentes por parte de la defensa legal de la autoridad cruceña, Montero reiteró que el proceso “montado” carece de fundamentos jurídicos y se trata de una venganza política en contra de quienes, en 2019, defendieron la institucionalidad democrática y las libertades establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).
La Asamblea Legislativa, con mayoría absoluta del MAS, mediante la Ley 1270 Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, en enero de 2020, reconoció a Jeanine Añez Chávez y su “período de mandato constitucional en la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”, como gobierno interino de entonces.
Incluso, el entonces candidato a la presidencia, Luis Arce, además de otros analistas de línea masista, reconocieron que el gobierno de Jeanine Añez fue constitucional.
“El actual presidente, en mayo de 2020, siendo candidato, señaló que el mandato de Añez fue transitorio y constitucional durante en una entrevista televisiva”, recordó.
El jueves, el Tribunal que atiende este caso determinó apartar del proceso a la expresidenta Jeanine Añez, argumentando que ya fue procesada por los mismos hechos en el caso “Golpe de Estado II”.
Dicho juicio concluyó con una sentencia de 10 años de cárcel para la exmandataria, por supuestamente haber asumido el cargo de presidenta de forma inconstitucional en 2019.