Sumándose a los cuestionamientos por el reciente rechazo del ala “evista” en el Movimiento al Socialismo (MAS) y parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados a la “Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes”, el senador por la agrupación Creemos, Erick Morón, cuestionó que se haya dado la espalda a una normativa para castigar y endurecer penas contra pedófilos y violadores.

En criterio del parlamentario cruceño, es de no creer que la Cámara de Diputados haya rechazado aprobar una normativa para la protección de la niñez y que asambleístas, con “silencio y abstención”, hayan permitido que delitos graves no sean castigados con normativas más duras.

“No puedo creer que se haya dado la espalda a la protección de los niños, rechazar un Anteproyecto de Ley que castigue y endurezca las penas contra los pedófilos y violadores de niños realmente es de no creer. No se puede dar la espalda a este sector de la población y con su silencio y abstinencia proteger delitos contra menores”, sostuvo el Parlamentario.

Morón señaló además que, más allá de los cargos o la procedencia de las personas que incurren en delitos contra niños, estas deben ser castigadas con todo el rigor de la ley.

“No me importa si los pedófilos han sido Expresidentes, Diputados, Senadores o si es un ciudadano común y corriente de las calles, lo que merecen es ser castigados y sancionados con las máximas condenas para que se pudran en las cárceles”, afirmó Morón.

Ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, lamentó que se trate de tergiversar la propuesta rechazada, señalando que durante el análisis en Comisión no se presentaron mayores observaciones. “En las últimas horas algunos parlamentarios han empezado a esgrimir mentiras sobre este proyecto de ley, es importante que aclaremos”, dijo.

La autoridad aclaró que la regulación para relaciones en adolescentes viene desde la gestión de 1999; y en relación a la Comisión de la Verdad explicó que también será conformada por la sociedad civil y que la misma no cuenta con la potestad para juzgar o emitir sentencias.

“Un punto, que están tratando de instalar es que hubiera alguna propuesta en este proyecto de ley que regule las relaciones sexuales entre adolescentes y este no es un tema que se hubiera planteado en el debate público nacional ahora, es un tema que viene ya de 1999”, comunicó.

Puntualizó que la regulación al período de vida de los 12 y 18 años, se mantiene ya que se “podría generar situaciones en las cuales existan relaciones sexuales entre adolescentes y si no está regulado cómo la ley asume que un menor de 18 años no puede brindar consentimiento válido, todos los casos serían delito y todos los casos terminarían en la cárcel”.

Asimismo, aclaró que la Comisión de la Verdad estará presidida por el Ministerio de la Presidencia y no por las carteras de Justicia o de Gobierno, contará con la participación de la sociedad civil, sin embargo no tendrá potestad para juzgar o sentenciar como se asegura. “Este es uno de los puntos de tergiversación, de ninguna manera una comisión puede apropiarse del derecho de los jueces del Órgano Judicial a dictar sentencias porque no es su función”, recalcó la autoridad.

Reiterando que el proyecto de ley no tuvo observaciones en la Comisión de Constitución y fue aprobado por unanimidad, Lima aseguró que el voto de algunos diputados no está claro y que un grupo de diputadas comprometidas con la protección a las víctimas, solicitaron que se reconsidere la votación al proyecto de ley a través de mecanismos permitidos por el reglamento de la Cámara Baja.

“Hay todavía instrumentos parlamentarios que esta semana podrían permitir que la Asamblea Legislativa se lave la cara y no proteja a pederastas, a violadores y a personas que atacan permanentemente y de una manera muy cruel a los niños, niñas y a adolescentes”, señaló.

El pasado viernes, 54 diputados determinaron rechazar el proyecto de ley sin algún argumento jurídico, hecho que fue cuestionado por distintos sectores de la sociedad por poner en indefensión a cientos de víctimas que podrían ver sus casos archivados, debido a los recursos de prescripción que los acusados presentaron en diversos juzgados del país.