Minera Alcira expresa preocupación por avasallamientos que ponen en riesgo la inversión de 350 millones de dólares.

La minería ilegal desplaza a las inversiones privadas y frena el desarrollo económico de las regiones y del país, además pone en riesgo está actividad por la falta de seguridad jurídica en las operaciones y políticas estatales. Corre el peligro de ingresar en una crisis por la falta de protección al trabajo de las empresas.
El año pasado, la Fundación Milenio presentó un documento sobre cómo aprovechar la minería para fortalecer la economía nacional y no rezagarse en la recepción de inversiones, también planteó modificaciones en la normativa para atraer inversores.
En tanto, indicaba que de acuerdo a estudios de profesionales de Estados Unidos, Bolivia posee 31 de los 38 minerales estratégicos para la transición energética, por lo que requería un cambio de timón en el sector para desarrollar nuevos proyectos con alta tecnología de la mano del capital privado.
Exportaciones
Las exportaciones de minerales alcanzaron más del 50% en los últimos años, a comparación de los no tradicionales e hidrocarburos. Entre el 2021 y 2022 las cifras pasaron los 6.000 millones de dólares, en 2023 bajó a 5.669 millones y el año pasado cayó a 4.163 millones, según datos oficiales.
Desde el 2016, las exportaciones del sector minero se han consolidado como las más importantes del país, actualmente superan ampliamente las exportaciones del sector gasífero, agroalimentario y manufacturero.
Minería vs.
hidrocarburos
A la pregunta si la minería corre el peligro de seguir los pasos de los hidrocarburos, el experto en temas mineros de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, en contacto con EL DIARIO, dijo que hay diferencias entre ambos.
Indicó que en el sector de la minería prácticamente los operadores son privados, mientras que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tiene pocas minas en sus manos, ya que la mayor parte fue transferido a empresas.
A diferencia de hidrocarburos, el monopolio lo tiene Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sus subsidiarias en la exploración, explotación y comercialización.
Explicó que las empresas hacen exploraciones por su cuenta para mantener vigentes sus operaciones, por ejemplo, San Cristóbal, cuando estaba con la japonesa Sumitomo, al ver que su yacimiento se terminaba, hizo exploraciones en áreas que tiene a su nombre y encontraron otro, sólo ahora resta invertir en montar la planta.
“Ellos generan sus propias reservas” y esta tarea es obligación en todas las empresas, sostiene a tiempo de detallar que se tiene tres etapas en la minería: las que están en exploración; las que han sido exploradas y han dado resultados buenos, entran a la fase de preparación y desarrollo; y las que están en explotación.
“Siempre hay eso. Todos saben que deben hacer ese proceso. Continuamente van generando reservas nuevas. Aunque obviamente hay topes”, reflexionó.
Señaló que esa tarea se realiza para prolongar la vida de las operaciones más allá de lo que se ha previsto.
Comibol
Informó que la Comibol destina recursos cada año para realizar trabajos de exploración en sus propias áreas, que tiene muchas a su nombre, pero a veces encuentra y otras no.
Asimismo, las gobernaciones deben destinar recursos de las regalías para contratar al Servicio Geológico Minero (Sergeomin) para realizar exploraciones. “El Estado destina 20 millones de dólares por año, esto es poquito”, apuntó.
Las empresas privadas y las cooperativas destinan más recursos, aunque estas últimas deben asociarse con capitales privados para realizar esas tareas.
Destino
Aseguró que es difícil que la minería corra el mismo destino que los hidrocarburos, pero puede ser que haya una crisis por la situación de inseguridad que existe para las operaciones privadas debido a los avasallamientos.
En ese sentido, lamentó que las inversiones privadas que llegan y encuentran yacimientos, a la hora de operar, no las dejan, debido a los avasallamientos o a obstáculos de la comunidad.
Esa acción puede ser perjudicial para que lleguen otros inversores, ya que para descubrir nuevos yacimientos se necesita la participación del sector privado, que es inevitable.
El Estado no puede gastar tanto dinero en algo incierto, porque debe invertir en otras áreas, como educación, salud y, ahora, en combustibles.
“Hay que darle seguridad operativa (a las empresas), que cuando encuentre un yacimiento no haya una comunidad que se organice como cooperativa y la avasalle, que le deje trabajar”, además pueda recuperar su inversión y generar utilidades no sólo para ellos, sino para la misma comunidad.
Apuntó que las empresas operan bajo el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Las compañías como San Cristóbal, Panamerican Silver, incluso la misma Manquiri, entre otros, invierten recursos en proyectos en favor de la comunidad.
Proyectos
Por otra parte, ante la preocupación de los operadores mineros por la dejadez del Gobierno y la falta de nuevos proyectos para aprovechar el contexto internacional.
Córdova informó que Comibol encontró varios yacimientos interesantes y busca socios para que los explote, por ejemplo, la mesa de plata en Potosí, Pulacayo, entre otros.
La empresa estatal estaba promoviendo los nuevos yacimientos a nivel internacional para conseguir socios, y vengan a explotarlos, pero a la fecha pocas se animaron.
“Ahí está el tema de la seguridad. Si no se garantiza la seguridad y protección de parte del Estado para la inversión, no vienen las empresas y prefieren ir a Perú, Chile y Argentina, donde tienen seguridad que no va pasar nada.
Normativo
El entrevistado aseveró que “hay un marco sólido, pero no se cumple, se viola fácilmente”. Este es el temor de los inversores.
El Estado no responde con la energía debido para repeler las agresiones que vienen de los avasallamientos y las empresas frenan sus intenciones de invertir en el país.
Por ello plantea un cambio en la ley para evitar los avasallamientos; califica como un error al no tomar en cuenta la posición de las organizaciones indígenas y de las comunidades al momento de elaborar la ley minera, ya que la misma habría sido hecha por mineros y entre mineros.
Minera Alcira
A través de un comunicado, la minera Alcira Sociedad Anónima expresa su preocupación ante la situación actual que atraviesa en el área minera de su titularidad, la misma que podría afectar el avance de la inversión inicial de más de 350 millones de dólares en el proyecto “Arena de Plata (Silve Sand)”, ubicado en el departamento de Potosí.
“Como empresa de capital canadiense, hemos realizado una inversión significativa en este proyecto, el cual tiene el potencial de generar 500 empleos directos y 3.000 empleos indirectos, aportar millones de dólares en regalías para Potosí y contribuir con el pago de impuestos nacionales que beneficiarán al desarrollo económico y social de la región y del país. Este proyecto no solo representa una oportunidad para Potosí, sino que también es un ejemplo de cómo la inversión extranjera puede colaborar con el crecimiento sostenible de Bolivia”, señala.
Sin embargo, lamenta profundamente que los intereses particulares de un pequeño grupo de personas puedan truncar este proyecto. “Actualmente, nos enfrentamos a actividades de avasallamiento, explotación y comercialización ilegal de minerales, en el área minera de nuestra titularidad”, sostiene.
Informa que esas acciones han sido constatadas por autoridades nacionales, incluyendo la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Secretaría de Minería de la Gobernación de Potosí, así como de investigadores policiales y funcionarios de la Fiscalía.
Indica que ese grupo generó un clima de intimidación y amedrentamiento en la comunidad local, impidiendo el acceso de Alcira al área minera de su titularidad, obstaculizando el desarrollo del proyecto.
“Instamos a las autoridades a tomar cartas en el asunto de manera urgente, para que podamos seguir adelante con el proyecto “Arena de Plata (Silver Sand)” y contribuir al progreso de Potosí y de Bolivia”, concluye su comunicado.