En un clima de creciente tensión, mineros y transporte pesado se han declarado en estado de emergencia y advierten con movilizaciones y bloqueos si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no revisa un fallo que pone en riesgo a más de 100 mil familias que dependen de la cadena productiva del cemento.
La sentencia amenaza la estabilidad de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) obligándolos a pagar más de cien millones de dólares, afectando a los miles de familias que dependen de su actividad.
“Nos estamos declarando en movilización permanente porque esta decisión equivocada de los jueces pone en peligro nuestra fuente de trabajo y la estabilidad de miles de familias. No permitiremos que la justicia actúe por presiones polÃticas o intereses oscurosâ€, advirtió el presidente de la Cooperativa Multiactiva Catavi, David Cruz, que explota caliza en Cerro Catavi, Provincia Los Andes.
El fallo judicial, duramente cuestionado por sectores productivos y laborales, ha encendido las alarmas en la comunidad minera y el sector del transporte pesado, que dependen directamente de la actividad de Soboce.
“No solo están afectando a la empresa, están atentando contra toda la economÃa de nuestra región. Si no nos escuchan, tomaremos medidas drásticasâ€, sostuvo el secretario general del Sindicato de Transporte Pesado de Viacha, Macario Mollo.
Ayer, centenares de mineros, choferes y transportistas protagonizaron una masiva protesta en el centro de La Paz, a pocos metros del Palacio de Gobierno, exigiendo que el Tribunal Supremo de Justicia revise su fallo y actúe con ecuanimidad. Aunque la movilización comenzó de manera pacÃfica, los dirigentes advirtieron que radicalizarán sus medidas si sus demandas no son atendidas.
“No descartamos bloqueos de caminos y marchas hacia Sucre. No vamos a permitir que jueces que no entienden la realidad del paÃs destruyan fuentes de trabajo y alejen la inversión extranjera. “Bolivia necesita dólares, no decisiones que ahuyenten el capitalâ€, concluyó Mollo.
El conflicto se agrava y amenaza con generar una crisis mayor si las autoridades judiciales no responden a las demandas del sector minero y del transporte pesado, quienes aseguran estar listos para paralizar el paÃs en defensa de sus empleos.