Los choferes cuestionan las acciones del Gobierno en la provisión de combustibles para el mercado interno, además exigen saber dónde está el dinero destinado a la importación. Mientras tanto, en Santa Cruz, el sector dio plazo hasta el martes para solucionar el tema.

El ampliado multisectorial, realizado en la ciudad de Trinidad (Beni), determinó convocar a una marcha para el 18 de marzo, para exigir la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE ) 2025, así como el abastecimiento de combustibles y la liberación de las exportaciones.
El ampliado multisectorial realizado en la ciudad de Trinidad, Beni, resolvió ocho acciones a tomar en cuenta, entre ellas está la marcha convocada para el 18 del presente mes, que partirá desde Patacamaya hasta la sede de Gobierno, es decir La Paz.
También reiteran el pedido de derogación de la disposición séptima del PGE 2025, calificada como confiscatoria, ya que pone en riesgo la provisión de alimentos, debido a la amenaza de intervención a la propiedad privada a iniciativa ministerial.
Muchos especialistas califican la medida como una imitación de lo que se hizo en Venezuela, cuya acción destruyó el aparato productivo y empresarial del país sudamericano, ahora enfrenta problemas con el abastecimiento de alimentos.

Antecedentes
Como se recordará, los ampliados multisectoriales I, II, III, IV, V, VI realizados en Santa Cruz, La Paz, Sucre, Tarija, Potosí y Oruro, han evaluado la incertidumbre y el riesgo que implica la aplicación de la Disposición Adicional Séptima para la estabilidad en el abastecimiento de alimentos para la población en general.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha dado muestras de voluntad para derogar la mencionada disposición y por el contrario se realizaron algunas intervenciones que no han resuelto la falta de productos.
Recuerdan que la falta de dólares ha elevado los precios de la canasta familiar a niveles insostenibles para la población boliviana, además la crisis económica afecta a los integrantes de las cadenas productivas y de abastecimiento.
Ahora a eso se suma, la falta de carburantes que pone en riesgo el abastecimiento de alimentos para la gestión 2025, porque no hay diésel suficiente para la cosecha y siembra.
Lamentan que el Gobierno en vez de dar mayor certidumbre a las cadenas de abastecimiento, siga emitiendo restricciones y generando mayor inseguridad jurídica que sólo acelera el cierre de unidades productivas, que disminuirá la oferta de productos en el futuro.
Por ejemplo, mencionan que en el Departamento del Beni están en riesgo de perderse 60.000 hectáreas de arroz, 20.000 de maíz y 20.000 de soya por la falta de diésel.
Ante ese panorama, establecieron acciones y exigencias al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para garantizar la actividad privada y la producción de alimentos.
A parte de la derogación de la normativa confiscatoria y la marcha, también ratifican la demanda de los departamentos de Potosí y Oruro con respecto a los contratos del litio, la transparencia y las regalías.
Exigen al Ejecutivo dar solución inmediata al abastecimiento de carburantes; piden resolver la falta de dólares para evitar que se sigan incrementando los precios de los productos de la canasta familiar y pare el despilfarro de recursos públicos en empresas deficitarias que no funcionan, mientras la población padece por falta de atención en salud y otros servicios fundamentales como educación y seguridad.
Asimismo, plantean la liberación total de las exportaciones, en particular de forma inmediata, la de carne de res y soya, grandes generadores de dólares y seguridad alimentaria para el país; piden una solución real e inmediata para dar certidumbre a las cadenas de abastecimiento, aumentando la producción de alimentos, mediante el uso de semillas mejoradas y paquetes tecnológicos.
Solicitan a los Comités Cívicos departamentales coordinar actividades y movilizaciones con el Comité Multisectorial hasta llegar a la derogación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto 2025 y sumarse con sus demandas regionales.
Además, fijan un ampliado multisectorial en Cochabamba, sin fecha aún. Para el Beni, solicitan mantenimiento inmediato de las carreteras para sacar la cosecha y proveer de carne a la población, mientras se realiza el asfaltado de las mismas; priorizar la construcción inmediata de los puentes en el río Mamoré, para el puente Binacional, asegurar el financiamiento de los accesos y concluir la construcción del hospital de tercer nivel en la Ciudad de Santísima Trinidad.
Finalmente, exigen al Gobierno seguridad jurídica para todos los que invierten y trabajan por el país, concluye el pronunciamiento.

Avícola
Desde el sector avícola, alertan que está en peligro la producción de cinco millones de pollos por falta de diésel, como también corren el riesgo las gallinas ponedoras y reproductoras.
El sector del transporte reclama al Gobierno los recursos destinados a la importación de combustibles. La dirigencia de Santa Cruz fijó hasta el martes para que los ministros del área económica e hidrocarburos lleguen a la región para dar soluciones al tema de los combustibles.
En la ciudad de La Paz, las Cooperativas auríferas también marcharon por la falta de diésel y se declararon en emergencia. Informaron que antes recibían cuatro cisternas por mes y ahora sólo una, según la ANF.
La semana pasada, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, explicó, en un almuerzo con la prensa, que abrieron la libre importación y que la entidad redujo los requisitos, pero la estatal lidera la compra.
Ayer, la dirigencia de los auríferos indicó que están dispuestos a importar combustible a precio internacional, sin embargo, observan las trabas que impone el Gobierno, al igual que los empresarios privados, por ello las solicitudes no aumentaron y sólo una empresa se animó.