Lamentando que nuevos estudios y calificaciones internacionales cataloguen a Bolivia como un país de alto riesgo crediticio, el expresidente Carlos Mesa Gisbert, señaló que la insistencia del Gobierno en negar la actual crisis económica, es una actitud irresponsable que puede derivar en serias consecuencias para la economía popular.

Desde sus redes sociales, el exmandatario y líder de la principal fuerza de oposición en el Parlamento, lamentó que nuevamente un estudio internacional haya evidenciado el mal momento por el que atraviesa la economía boliviana.

“La calificación de S&P nos coloca como un país de alto riesgo crediticio, y vuelve a advertir la gravedad de la crisis económica que vive Bolivia, por la caída de las RIN y las exportaciones, déficit fiscal, falta de dólares, corrupción, inflación y escasez de carburantes”, afirmó el expresidente.

En ese sentido, cuestionó que autoridades nacionales se mantengan en la postura de negar la crisis, ya que esto podría derivar en mayores consecuencias para la economía de la población más vulnerable.

Por ello, advirtió la urgente necesidad de reconocer el problema y plantear medidas para superarlo.

“Seguir negando la crisis es irresponsable y puede tener pésimas consecuencias sobre la economía popular. Urge un sinceramiento y un plan de emergencia”, sostuvo.

El jueves, la calificadora internacional Standard & Poor’s rebajó la evaluación crediticia del país, justificando esta determinación en aspectos como desacuerdos políticos en el propio partido de Gobierno y las dudas sobre la liquidez para cumplir compromisos de deuda.

La calificación crediticia de largo plazo para el país pasó de (B-) a (CCC+), en tanto que la de corto plazo rebajó de (B) a (C) y la evaluación de transferencias y convertibilidad bajó (B-) a (CCC+).

Señaló que existe un empeoramiento de la liquidez externa, que podría afectar la capacidad del gobierno boliviano para pagar deudas, a esto se suman “los desacuerdos políticos, incluso dentro el partido de gobierno” que debilitan la capacidad para asegurar financiamiento externo.

“Las divisiones políticas, incluso dentro del partido político gobernante, han retrasado la aprobación del endeudamiento externo por parte del Congreso”, se expuso.

A esto se suman proyecciones de un déficit fiscal alto para Bolivia, mismo que se mantendrá por los próximos años dada la reducción en ingresos por hidrocarburos y falta de transparencia en datos sobre las reservas internacionales. Esta calificadora, además señaló que para mejorar la perspectiva se requieren “medidas políticas decisivas” que generen confianza en inversores para la captación de financiamiento externo.

Desde el Ministerio de Economía, se responsabilizó al “evismo” y a la oposición por un supuesto “boicot” económico desde el Parlamento.

“En la parte sustancial (del estudio) señala que son los problemas políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el boicot y el bloqueo que se está dando a la gestión económica del presidente Luis Arce, la que está generando fundamentalmente esta baja de calificación”, afirmó el ministro Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa.

La autoridad sostuvo que en los últimos meses el país fue testigo de un “bloqueo permanente” y la ralentización para la aprobación de normas en el Legislativo. Entre las normas que demoraron en su aprobación se encuentran la ley de Fortalecimiento a la Reservas Internacionales que tardó más de dos gestiones legislativas, diferentes créditos y la reciente modificación al Presupuesto General del Estado reformulado para la gestión 2023.

“Son pruebas claras de que hay un sabotaje pactado, hay intereses de algunos malos asambleístas de seguir las ordenes de algunos que tienen intereses particulares de candidaturas anticipadas que hacen cálculos para generar una desestabilización a la gestión económica del presidente Arce”, dijo.

Desde el Banco Central de Bolivia se aseguró que el informe de la calificadora S&P Global Ratings, no tomó en cuenta los indicadores positivos de la economía nacional como el crecimiento económico, la baja inflación, el cumplimiento de obligaciones crediticias con el exterior y el menor desempleo, en un contexto internacional adverso y desaceleración económica.

Asambleístas nacionales señalaron que el estudio reveló el verdadero estado de la economía nacional y se trata de un golpe de realidad para la gestión del presidente Arce.