“Todas esas medidas del Tribunal Constitucional eran para impedir las elecciones judiciales, para no llevarlas a cabo, porque hay un interés en un ala del masismo para seguir nombrando autoridades a dedo y seguir usando la Justicia de manera discrecional; la posición de nosotros siempre fue clara, de plantear que se debe retornar al camino de las elecciones judiciales y que todos esos recursos dilatorios interpuestos, obedecen intereses del Gobierno”, aseguró Rek.
Los primeros días de septiembre de 2023, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados elevó en consulta el proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024, aprobado en la Cámara de Senadores por unanimidad, a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional; de Planificación del Desarrollo, y de Economía y Finanzas Públicas; además del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional, en el afán de paralizar su tratamiento legislativo en Diputados.
Asambleístas como Carlos Alarcón, señalaron que los constantes “sabotajes” y las “cortinas de humo” que se presentaron a lo largo del último tiempo, fueron producto de un “contubernio” entre el gobierno y el TCP para evitar la renovación del Órgano Judicial, por lo que se mantuvo en su posición de que se busca forzar una salida mediante la prórroga en el mandato de las actuales cabezas de la justicia.
“Se viene la ‘autoprórroga’ por los propios Magistrados salientes. Una iniquidad”, indicó Alarcón.