Reprochando que mediante “chicanas” y maniobras jurídicas se pretenda anular las competencias del Órgano Legislativo con la finalidad de evitar la realización de los comicios judiciales, la senadora por la agrupación Creemos, Centa Rek, señaló que el proceso para el cambio de magistrados en altas cortes no debe detenerse, por tratarse de un mandato constitucional otorgado como competencia exclusiva del Parlamento.
“Estamos acá ante un dilema muy grande, no le compete solo al Órgano Legislativo, pero han anulado al Órgano Legislativo, la dictadura está anulando el Órgano Legislativo en sus competencias y sus funciones, está generando un incumplimiento del mandato constitucional y un incumplimiento de funciones de los funcionales que se están prestando a este juego de tronos. Bolivia está saliendo del marco del imperio de la ley, nos tiene que preocupar a todos, las elecciones judiciales se tienen que realizar sí o sí, es un deber, es un mandato constitucional, es una atribución de la Asamblea Legislativa que los legisladores debemos hacer cumplir a cabalidad para preservar el mandato constitucional, el imperio de la ley y lo mínimo de democracia que nos queda, que debemos conservar y profundizar”, sentenció la legisladora.
Rek insistió que la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, es una atribución y competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que su convocatoria y controversias legales deben ser resuelta en su seno y no enviada a consulta a otros órganos de poder como el Judicial, Electoral y Ejecutivo, responsabilizando por ese boicot y anulación de facultades legislativas a la Comisión de Constitución de Diputados, a la cabeza del diputado Juan José Jáuregui.
Finalmente, Rek indicó que las consultas no corresponden y que se ha puesto en cuestionamiento una de las competencias exclusivas de los legisladores nacionales, que es administrar la preselección de los candidatos al Órgano Judicial, se busca que las elecciones judiciales no se concreten.
Esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional asumieron acciones respecto a dos proyectos de ley que se tratan en la Cámara de Diputados.
El TCP mandó una nota que paralizó el tratamiento de la primera norma, mientras que el TSJ activó un proceso en jurisdicción constitucional contra la segunda.