Cuestionando que el Gobierno central haya esperado hasta el último momento para declarar desastre nacional por incendios forestales, el diputado por la agrupación Creemos, José Carlos Gutiérrez, denunció complicidad entre sectores denominados interculturales y autoridades nacionales para promover avasallamientos y quemas descontroladas con la finalidad de fomentar el tráfico de tierras, sin que se apliquen sanciones a los responsables.
Gutiérrez expresó su respaldo a la determinación del Gobierno para declarar desastre nacional, sin embargo, cuestionó que esta respuesta se haya asumido de forma tardía, cuando los daños provocados por el fuego son cuantiosos y devastadores en distintos puntos del territorio nacional.
“Hasta la fecha más de 7 millones de hectáreas fueron arrasadas por el fuego porque no se movilizó personas ni recursos para mitigar los incendios”, dijo.
En ese sentido, reprochó que autoridades nacionales hayan esperado a que millones de hectáreas se vean afectadas por el fuego sin asumir medidas efectivas para controlar los incendios, además de no haber movilizado a las Fuerzas Armadas o a la Policía con los recursos suficientes para actuar ante la emergencia.
Para Gutiérrez, es lamentable que autoridades ahora pretendan acusar y hasta extorsionar a legisladores para que se aprueben dos nuevos créditos internacionales, tomando en cuenta que los mismos aun no fueron puestos en agenda para la presente semana por el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, quien responde al bloque “arcista”.
Sobre las responsabilidades por estos hechos, el legislador de oposición exigió al gobierno del presidente Arce, asumir acciones efectivas contra quienes promovieron e incitaron los avasallamientos e incendios.
“Denuncio públicamente que el señor Alavi dirigente de los Interculturales, Tejerina que es del Choré y al viceministro Ramiro Guerrero, por ser los que desde hace mucho tiempo incentivan el avasallamiento de tierras”, dijo Gutiérrez al señalar que estas personas ya fueron denunciadas por diputados de Brasil ante una Comisión del Legislativo brasileño con pruebas que respaldan estas acusaciones.