Álvarez señaló que con el fallo, el alcalde de San Ignacio de Velasco queda conminado a tomar todas las acciones positivas para resguardar esa reserva forestal y evitar asentamientos humanos.

“Se ordena al alcalde de San Ignacio de Velasco que tome las acciones positivas encaminadas a proteger el medio ambiente en la reserva forestal Bajo Paraguá, que tome las acciones necesarias para evitar asentamientos en el lugar, así como también pudiera ejercer las acciones legales frente a cualquier acto de avasallamiento o adherirse a la denuncia que ya tiene instaurada el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”, fue la parte resolutiva leída por el vocal Juan José Subieta Claros, que concedió por unanimidad, la tutela solicitada en este recurso.

Los tres puntos solicitados por la diputada, mediante su equipo jurídico, en la Acción de Cumplimiento concedida fueron:

1. Que se ordene al Alcalde Carlos Ruddy Dorado Flores, del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, a realizar las acciones correspondientes en contra de los avasalladores acudiendo a la justicia ordinaria para dar cumplimiento con lo establecido en la normativa autónoma municipal en favor del Bajo Paraguá.

2. Que se ordene al Alcalde Carlos Ruddy Dorado Flores, del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, a realizar las acciones para desalojar a las personas que se encuentran realizando la tala de árboles y el desmonte, coordinando trabajo en conjunto con la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT).

3. A efectuar y agotar todas las vías legales para dar cumplimiento a la Ley Autónoma Municipal en beneficio del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, no solamente por la vía administrativa, sino más al contrario, realizar acciones efectivas vía Ministerio Público y juzgados de instrucción penal para realizar acciones operativas en su conjunto.

La legisladora activó ese recurso, luego de la conformación del Comité Interinstitucional de defensa del Bajo Paraguá, que contó con la participación de asambleístas nacionales, departamentales y caciques indígenas de las comunidades Florida, Porvenir, Piso Firme y Picaflor. La denuncia de los comunarios apuntaba a grupos asentados en la zona durante los últimos años, que comenzaron a organizarse en sindicatos y a realizar desmontes ilegales.

Con esta Acción de Cumplimiento, el alcalde Ruddy Dorado, deberá asumir la competencia dentro de esa área protegida municipal, luego de haber evadido su responsabilidad durante meses e incluso desconocer las resoluciones del citado Comité Interinstitucional de marzo, que pedían su intervención frente a los avasalladores plenamente identificados.

“Este es un fallo histórico para la protección de nuestros recursos naturales y nuestros bosques, pero también es un antecedente para defensa de las comunidades indígenas de nuestra Chiquitania que se ven amenazadas y expulsadas de sus propias tierras por estos grupos de avasalladores violentos”, expresó.