Pese al rechazo en la Comisión de Constitución de Diputados a los Proyectos de Ley aprobados en el Senado para frenar la prórroga de las actuales autoridades del Órgano Judicial, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, planteó que estas iniciativas sean tratadas directamente por la Cámara Baja.

Cuestionando que desde la presidencia de la Cámara de Diputados no se convoque a sesiones debido a la falta de voluntad demostrada por el oficialismo, Nayar reprochó que instancias como la Comisión de Constitución continúen trabando las posibilidades de revertir la prórroga determinada por el TCP, desechando los proyectos de ley aprobados por el Senado.

En ese sentido, afirmó que la vía correcta ante esta situación es el tratamiento directo de estas iniciativas en sesión plenaria de Diputados, dejando de lado el informe que pueda emitir una Comisión con mayoría oficialista.

“Lo que corresponde es que se lleve adelante el tratamiento de estos tres Proyectos de Ley. Los informes de Comisión son eso, simple informes. Quien tiene la última decisión es el plenario de la Cámara de Diputados que se constituye en la máxima representación de la democracia en Bolivia”, indicó.

Asimismo, Nayar responsabilizó al diputado “arcista” Juan José Jáuregui, presidente de la referida Comisión, por ejecutar maniobras para evitar contrarrestar la autoprórroga determinada por el TCP y convertirse en uno de los principales promotores del fracaso en el proceso de las Elecciones Judiciales y la reforma de la justicia.

“Es el principal promotor de la prórroga y del estancamiento de las Elecciones Judiciales, porque al tener varios delitos sobre sus espaldas, va buscar seguir encubriendo a quienes le permiten contar con impunidad. Si tuviéramos jueces y fiscales probos, esta persona estaría tras las rejas por los hechos ilícitos de los que se le acusa”, dijo.

El jueves, la Comisión de Constitución de Diputados, liderada por Jáuregui, rechazó dos de los tres proyectos de ley, aprobados en el Senado con la finalidad de impedir una prórroga de mandato en el Órgano Judicial al final de su período de funciones.

Los proyectos rechazados proponían dejar sin efecto la prórroga decidida por el Tribunal Constitucional, disponiendo la cesación al mandato de los magistrados de altas cortes a partir del 2 de enero, asimismo, se planteaba suspender los plazos procesales.

Argumentando que el Senado obró de manera negligente al aprobar proyectos carentes de sustento jurídico constitucional, Jáuregui explicó que la propuesta de suspender plazos procesales, no puede paralizar la administración de Justicia.

En relación al Proyecto de Ley para cesar en sus funciones a las actuales cabezas de la justicia a partir del 2 de enero, argumentó que una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional “es de cumplimiento obligatorio y contra ésta no existe recurso ulterior”.

Respecto a la tercera propuesta, destinada a realizar ajustes a la regulación para los juicios responsabilidades para que se incluya en esta figura a Magistrados del Órgano Judicial, Jáuregui explicó que la misma fue derivada para su tratamiento en Comité.

Tras esta determinación, el diputado Pablo Arízaga, cuestionó que la mayoría oficialista en la Comisión de Constitución se hayan limitado a señalar que la Constitución no menciona la palabra “improrrogable” en su texto, lamentando que el accionar irregular del TCP sea justificado por parlamentarios.

Desde el ala “evista” en el oficialismo, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que la determinación de la Comisión de Constitución, responde a una supuesta falta de voluntad de algunos legisladores para aprobar proyectos de ley para impedir prorrogas al mandato de las actuales autoridades judiciales.

“Nos apena mucho que exista poca voluntad en algunos legisladores, principalmente en la Cámara de Diputados, ojalá se muestre la total predisposición, la voluntad que se quiere”, refirió la autoridad.

Sobre el reciente rechazo de la ALP al receso parlamentario, Rodríguez recordó que es competencia constitucional de esta instancia, dirigir la preselección de magistrados y consejeros, por lo que resta esperar voluntad política para que mediante un diálogo se puedan alcanzar consensos en la Cámara Baja, mismos que permitan tratar los proyectos que quedan pendientes.W