En vista de que muchos datos y cifras oficiales son escondidos o distorsionados, el economista y catedrático lamentó que el Ejecutivo se haya transformado en una “fábrica de mentiras” que no goza de la credibilidad de la población medianamente informada.
> Lo que plantea es robustecer las instituciones del Estado y las empresas a través de una alianza público-privada que permita “rescatar el bolsillo” de las personas, en vista de que las entidades reguladoras del Estado son meras “agencias de empleo” que en realidad no orientan la economía.

Considerando la delicada situación económica y política que atraviesa el país, caracterizada por una acentuada escasez de dólares y la menguante falta de institucionalidad democrática, al Estado le urge plantear medidas para sanear el bolsillo de la población y devolver la credibilidad en las instituciones, de acuerdo con el economista y catedrático universitario, Alberto Bonadona Cossío.
En entrevista exclusiva con EL DIARIO, el académico expresó que “las instituciones se han visto degradadas o hasta destruidas” no solo en el ámbito de la justicia sino en lo social, económico y político. Por ejemplo, recordó que, el Gobierno actual no brinda cifras reales sobre las reservas de gas, las cuales se agotan aceleradamente, ni de las Reservas Internacionales Netas (RIN).
En su análisis, esta caída estrepitosa de la institucionalidad puede evidenciarse en la conculcación del derecho a la información, donde muchas cifras y datos no son publicados, sino más bien ocultados o hasta distorsionados para la población.
Lo que plantea el analista es robustecer las instituciones del Estado y las empresas a través de una alianza público-privada que permita “rescatar el bolsillo” de las personas, en vista de que la crisis actual radica sobre todo en el ámbito económico y que “no hay una institución real ni planificada que oriente la economía”.
En el ámbito político, el experto observa que la situación del Legislativo, tanto de la oposición como del oficialismo, es “lamentable” porque ambas facciones están perdidas en su posición, sin planteamientos serios ni claros para solucionar la crisis.
Bonadona llamó al Ejecutivo una “fábrica de mentiras” que no goza de la credibilidad de la población, aunque la gente medianamente informada no cree en las versiones del Gobierno.
A la postura del economista, se agrega la del analista político, José Luis Bedregal, quien comentó en radio Panamericana que, el oficialismo “ha destruido la institucionalidad” y ha anulado el Parlamento pues las decisiones que le corresponden fueron tomadas por los líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales y Luis Arce Catacora.
Bedregal recordó que el Órgano Legislativo actual ha puesto en evidencia que “la mayoría de sus miembros, con honrosísimas excepciones, no están a la altura del cargo” debido a las recientes “muestras desagradables” de desacuerdos y falta de consensos. Auguró que, mientras los líderes políticos manipulen la justicia a su antojo, los legisladores del Parlamento seguirán brindando episodios lamentables llenos de “escupitajos, cachascán y boxeo”.

CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD
En vez de buscar culpables, el entrevistado considera necesario “orientar la economía hacia adelante con claridad en lo que se debe hacer, no en mantener medidas del modelo social comunitario productivo porque las empresas productivas arrojan pérdidas y no pueden continuar con un trabajo precario”, expresó.
Bonadona sugirió que el Gobierno debe mostrar algún cambio, aunque éste no represente un giro de 180 grados, tras lamentar que las autoridades reguladoras del Estado, como la de pensiones o hidrocarburos, se han convertido en “agencias de empleo” y no en verdaderas entidades reguladoras que orienten la dirección de estas industrias.
Consecuentemente, la economía se degrada, las empresas públicas no responden a lo que deben hacer y los mecanismos de corrupción en las instituciones se reproducen desde las altas jerarquías hacia los estratos inferiores del personal público, agregó.
Sin embargo, también advirtió que un sector de la población mal informado cae en la manipulación del Gobierno central debido a que no tuvo buena formación escolar o universitaria que le permita desarrollar un criterio propio ni un pensamiento crítico.

DEFINICIÓN
El abogado y docente de la Universidad Tecnológica de El Salvador, René Portillo Cuadra, define la institucionalidad democrática como “un conjunto de reglas que sirven para el ejercicio del poder público, que constituyen mecanismos de garantía y protección de los derechos de ciudadanos”.
Según Portillo, la institucionalidad es el puente que comunica a la sociedad con el Estado, el mercado y los ciudadanos. Es lo que determina las “reglas del juego” que garantizan certidumbre a las actividades privadas, sociales y públicas.
Ya que el poder no puede ejercerse por sí mismo, es necesaria la existencia de cuerpos u organismos que representen dicha facultad de aplicar el poder. De esta manera, la sociedad se estructura a través de instituciones en las que se ejerce la participación política.
JUSTICIA Y
NARCOTRÁFICO
Por otra parte, Bonadona añadió que otro síntoma de la crisis de institucionalidad es el impacto de las actividades ilícitas en las pugnas del Estado, considerando que el narcotráfico y el contrabando se han convertido en un factor de poder económico hace mucho tiempo.
Aseveró que, aunque el tema del ingreso al Chapare es un factor de pelea dentro del Ejecutivo, no existe una verdadera voluntad política para controlarlo, pese a que el Gobierno asegura que se hacen operativos y se controla el flujo de productos ilegales.
“El Ejecutivo protege a los contrabandistas y tienen carta blanca para el contrabando. El diésel y la gasolina son artículos que no se pueden ocultar, sino que salen en cisternas, en turriles, en vehículos grandes, y (a) este gran negocio generalizado, hasta ahora, no veo que haya la voluntad de controlarlo efectivamente”, dijo.
El entrevistado señaló que este fenómeno contribuye también a la crisis de institucionalidad porque sirve para comprar jueces, fiscales y policías. “En conjunto, estos recursos mal habidos en este proceso tienen impactos en otras instituciones, incluyendo el Legislativo, el Ejecutivo y (hasta incluso) el Judicial, que viene a ser víctima principal del problema”, señaló.