Señalan que las denuncias por delitos como estupro y trata y tráfico de personas contra Evo Morales, son solamente una parte del abuso de poder y placer en el que incurrió la exautoridad.
> Llaman a que administradores de Justicia no caigan en las presiones del poder político y se logren establecer las circunstancias y responsabilidades del presente caso.
> Piden celeridad en las investigaciones para que un “personaje nefasto” en la historia de la política boliviana, pague por sus delitos.

Asegurando que el país se encuentra frente al escándalo político más grande de su historia, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Óscar Balderas, señaló que las graves denuncias contra el dirigente cocalero Evo Morales, por delitos como trata y tráfico y estupro, son solo una parte de todo el abuso cometido por la exautoridad durante su paso por el poder y adelantan el fin de su carrera política.
“La denuncia por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas contra Evo Morales, es solamente una parte del abuso de poder y placer en el que incurrió el expresidente”, sostuvo Balderas.
En criterio del asambleísta representante de departamento de Beni, las acusaciones que pesan sobre Morales son semejantes a las del escándalo en el que se vio envuelto el expresidente norteamericano Bill Clinton, mismas que le costaron su carrera política.
“Lo propio pasará con Morales, estamos frente al escándalo político más grande y encubierto de la historia boliviana, presuntamente cometido por un ex presidente que administró el país por 14 años”, aseguró.
El día miércoles de esta semana, se conoció que el Ministerio Público de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales, acusado por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, horas después y mediante una acción de libertad emitida en la ciudad de Santa Cruz, este requerimiento fue desactivado y también se dispuso la destitución de la fiscal departamental de este departamento, Sandra Gutiérrez.
La ahora exfiscal denunció que su destitución responde a no haber cumplido con la orden de no continuar con la investigación contra Morales.
Según las investigaciones, el expresidente y una menor de edad tuvieron una hija en febrero de 2016, cuando ella tenía 16 años. Los hechos sucedieron en Yacuiba, Tarija.
Según Lanchipa, Gutiérrez junto con otros dos fiscales, fue apartada del cargo por una “conducta negligente en el cumplimiento de sus funciones”, porque se violaron los “derechos fundamentales de las partes” al emitirse la orden de aprehensión.
Para Lanchipa, esa situación llevó a que la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, a dejar sin efecto la orden de aprehensión por fallas procedimentales, por lo que negó que se haya dado una “instrucción para paralizar el proceso”.
No obstante, la exfiscal lamentó que Lanchipa “haya salido con ese discurso totalmente falso, porque él sabe realmente qué es lo que ha pasado, él sabe qué es lo que me dijo, yo lo dije en su momento (y) voy a sacar las pruebas”.
“Él debería decir la forma como me ha amedrentado y amenazado, para que no haga, absolutamente, nada. Cuando le dije: ‘pare la masacre blanca (por los despidos) que está realizando el Ministerio Público’; me respondió: ‘te alejas de aquí, te doy 20 minutos para que presentes tu renuncia, si no presentas tu renuncia, te va a llegar un memorándum de destitución. Te dije que no hagas nada en este caso’”, relató.
En criterio de Gutiérrez, en ningún momento se cometió un “mal procedimiento” en las investigaciones, sino que Lanchipa, quien termina su gestión como fiscal general el 22 de octubre, “tiene cierto interés” en este caso y evita su avance. “Acá lo que estamos buscando es precautelar los derechos de esta adolescente, como asimismo de una niña que existe de por medio”, insistió.
Ayer, tras conocerse sobre la designación de Miguel Ángel Tapia, como fiscal departamental en suplencia de Tarija, la fiscal de la Unidad de Trata y Tráfico y Justicia Penal Juvenil, Pamela Ovando, aseguró que la investigación contra Morales continúa vigente y no fue cerrada.
Ante este contexto y observando todas las acciones enfocadas en evitar el avance de las respetivas investigaciones, Balderas llamó a que administradores de Justicia no caigan en las presiones del poder político y se logren establecer las circunstancias y responsabilidades del presente caso.
“Ojalá la Justicia no se deje doblegar por el poder político del MAS, ya es sospechoso como la Fiscalía General quiere impedir que esta investigación continúe al destituir a la Fiscal que inició la investigación”, exigió el parlamentario, a tiempo de pedir celeridad en las investigaciones para que un “personaje nefasto” en la historia de la política boliviana, pague por sus delitos.