Asegurando que las dos alas del Movimiento al Socialismo (MAS) son responsables de una completa desinstitucionalización en el Estado boliviano, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, cuestionó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se someta la continuidad de las elecciones judiciales a una determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prorrogado.
En criterio del asambleísta nacional por La Paz, es posible que la actual desinstitucionalización y conflicto de poderes que perjudica a todo el país, llegue a agudizarse poniendo en duda hasta la realización de las elecciones generales programadas para la gestión 2025.
Para Alarcón, un claro ejemplo de ese riesgo es que, en la actualidad el Órgano Electoral permita que una instancia de justicia cuestionada como el TCP, tenga el poder de decidir sobre el futuro de las Judiciales.
“Ya tenemos un Tribunal Supremo Electoral que para las elecciones judiciales se somete a los autoprorrogados que son del Gobierno, una mafia judicial creada por la actual administración”, explicó.
En ese contexto, el legislador de oposición advirtió que si se permite al TCP “autoprorrogado” decidir sobre un proceso tan importante como la elección de nuevas autoridades de justicia, se abre la posibilidad de que, en un futuro, esta instancia tenga el poder para decidir sobre la realización de las propias elecciones generales.
“Después va decir esa mafia judicial que no tiene que haber elecciones presidenciales el 2025 ¿y qué hacemos? Todo esto que están haciendo es destrozar al país en su institucionalidad”, dijo.
La semana pasada, el Tribunal Electoral solicitó por escrito al Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicar las medidas cautelares necesarias para garantizar la celebración de las elecciones judiciales del 1 de diciembre, según informó el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas.
Esta solicitud fue presentada en Sucre, a través de una nota dirigida al presidente del TCP, Paul Enrique Franco, junto con un requerimiento para que esa instancia revise con premura los más de 47 fallos que emitieron distintas salas constitucionales sobre el proceso de preselección de los candidatos judiciales que estuvo a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Quienes tienen la palabra son los magistrados y las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional”, explicó.
Según Vargas, mientras el TCP no se pronuncie al respecto, se mantiene un alto riesgo que amenaza la realización de las Judiciales.
Ante este panorama, Alarcón lamentó que el TSE se subordine al TCP, afirmando que este ejemplo es uno más entre todas las muestras que dan cuenta de la peligrosa desinstitucionalización que se vive en el país en la actualidad. “En este momento no hay ninguna institución que sea capaz de recuperar el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la Constitución”, concluyó.