“El Tribunal Supremo Electoral está atravesando por una crisis vinculada a una normativa institucional que no ha permitido profundizar la democracia y, por el contrario, ha dejado muy claras las limitaciones que el sistema electoral boliviano tiene para la participación de sus ciudadanos y para la confianza que la opinión pública tiene que tener en el Padrón o el propio Tribunal”, afirmó Bedregal.

En criterio del especialista, las recientes determinaciones del TSE, referidas al acompañamiento para el Congreso Nacional del MAS y la ampliación, por cuarta vez, del plazo para que organizaciones políticas renueven sus directivas, son solo una muestra de la falta de seriedad e institucionalidad con que se procede desde el ente electoral al momento de pronunciarse sobre determinados temas.

“A esto se suma la falta de oportunidad demostrada por esta institución en la emisión de resoluciones para cumplimiento de los partidos”, agregó.

Apuntando a una “absoluta ausencia de iniciativas” que permitan modernizar el sistema electoral, además del sistema de partidos y organizaciones políticas, Bedregal cuestionó que en pleno siglo XXI los ciudadanos continúen obligados a contar con militancia partidaria para poder participar de procesos como las elecciones primarias.

“Esto debería ser al contrario, esta participación debería ser lo más abierta posible”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que la injerencia política, sobre todo la proveniente del poder de turno, “pareciera ser una de las principales causas para esta falta de liderazgo, autoridad e iniciativa por parte del TSE”.

En ese sentido, aseguró que la ausencia de institucionalidad en el conjunto del aparato estatal, le está haciendo mucho daño al país, a la democracia y a la convivencia pacífica de la población, todo provocado por la ausencia de confianza en las instituciones, mismas que se sustentan con recursos públicos.

“Se financian con nuestros impuestos justamente para que regulen la convivencia de una sociedad. Esperamos que estas cosas cambien”, concluyó Bedregal.

El viernes, el Tribunal Supremo Electoral decidió ampliar por 180 días el plazo para que organizaciones políticas de todo el país elijan o renueven sus directivas, sin embargo, se informó que ya correrán sanciones para las que ni siquiera intentaron cumplir con este requisito.

El plazo debía haber terminado el 21 de octubre y ahora se extenderá por seis meses más.

Al respecto, el vocal Tahuichi Tahuichi Quipse señaló que en el país existen 166 organizaciones políticas, ya sea con alcance nacional o subnacionales, de las cuales sólo un 30% habría cumplido el requisito de renovar directivas.

Se anunció además que, pese a la ampliación del plazo, se aplicará el Reglamento de Sanciones contra las organizaciones políticas que no comunicaron o acreditaron alguna acción o medida verificable para cumplir con la renovación de sus directivas.