“En lugar de encaminar procesos que puedan solucionar la crisis institucional, la crisis en la justicia y la crisis económica, este Gobierno está empeorando la vida de los bolivianos por razones políticas”, expresó el especialista en DDHH, Franco Albarracín.
> “Son ya varios años que viene madurando esta crisis y lamentablemente a lo largo de este tiempo hemos tenido, de parte del Gobierno, una actitud negacionista”, manifestó el director de la Fundación Milenio, Henry Oporto.

La crisis política y económica que fue agravada por la asonada militar del pasado 26 de junio vulnera los derechos ciudadanos y, si no se la afronta, puede ser demasiado tarde, según advirtieron dos entrevistados en el programa Sumando Voces en Directo.
“Si seguimos con la estrategia de aguantar y aguantar, es probable que la crisis termine estallando en nuestras manos”, advirtió el director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, quien comentó el Informe sobre la Economía de Bolivia y sugirió al presidente de Estado, Luis Arce, viabilizar al menos tres temas urgentes de la agenda nacional.
Los temas mencionados por Oporto son: autonomía del Banco Central, elecciones judiciales en el segundo semestre del año y una convocatoria político-empresarial “para generar las bases de un gran acuerdo que respalde una negociación para lograr un financiamiento internacional”.
Lo que quedó claro en el programa emitido el jueves, es que la crisis económica y la política están intrínsecamente ligadas, a tal punto de que Oporto menciona que “sin solución política no hay solución económica”.
Sin embargo, el abogado especialista en Derechos Humanos, Franco Albarracín, considera que no existe voluntad política de parte del Gobierno para afrontar la situación y que, por el contrario, se aprovecha de la crisis institucional, poniendo a los magistrados autoprorrogados a su servicio. Para el especialista, éste es el “verdadero golpe” a la democracia.
Albarracín repara también en que esta situación de crisis política y económica está provocando la vulneración de una serie de derechos humanos, desde civiles hasta económicos.
En la misma línea, Oporto advierte que los derechos económicos están en riesgo porque mucha gente ya no está siendo capaz de llegar a fin de mes, ante un contexto de elevación de precios y caída del poder adquisitivo de sus ingresos.
Debido a ello, considera que existe una sensibilidad mayor en la gente ante eventos políticos o militares, como lo que sucedió el pasado 26 de junio, cuando hubo inusuales retiros de dinero y una sobredemanda de alimentos y combustibles.

ECONOMÍA Y JUSTICIA
En ese marco, Oporto expuso la propuesta de la Fundación Milenio, en sentido de que se deberían aplicar seis políticas públicas destinadas a reducir el alto déficit fiscal, unificar los actuales 13 tipos de cambio que existen, desarrollar una política de promoción de las exportaciones para atraer dólares e impulsar las inversiones privadas, además de recurrir a un salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual, a decir de Oporto, ya no es la institución “impositiva” que solía ser.
En el escenario político, lejos de haber condiciones para un acuerdo, Albarracín ve que el Gobierno “quiere seguir aprovechando la falta de institucionalidad para sus fines político-partidarios”. De hecho, considera que “el Gobierno no quiere que exista una reforma a la justicia, por eso ha puesto todos los obstáculos posibles” para que ésta no se realice.
Precisamente ese, en su lectura, “fue un verdadero golpe a la democracia” a diferencia del “supuesto golpe” sucedido el 26 de junio en la plaza Murillo, donde un contingente militar de las Fuerzas Armadas se desplegó e ingresó a Palacio Quemado para, supuestamente, tomar el poder por la fuerza.
Albarracín observó que, al no querer soltar el poder del Órgano Judicial, se profundiza las crisis en todas sus dimensiones. “Por estas razones políticas, este Gobierno, en lugar de encaminar procesos que puedan solucionar la crisis institucional, la crisis en la justicia y la crisis económica a través de sus acciones completamente negativas, está empeorando la vida de los bolivianos”.

AFECTACIÓN A LOS DERECHOS
Albarracín repara en la afectación que esta situación provoca en los derechos de las personas. En primer lugar, indica, eventos como la asonada militar derivan en la impunidad porque “claramente el Ministerio Público no está impulsando una investigación independiente, imparcial y objetiva; por el contrario, están concentrados nuevamente en la persecución política”.
Para el jurista entrevistado, la segunda afectación es a los derechos civiles y políticos; la tercera, es una afectación a los derechos económicos sociales y culturales. También existe coincidencia en sentido de que la crisis tanto económica como política no surgieron de la noche a la mañana, sino que son parte de un proceso de deterioro sistemático.
“Son ya varios años en que viene madurando esta crisis y lamentablemente a lo largo de este tiempo hemos tenido, de parte del Gobierno, una actitud negacionista”, manifestó Oporto refiriéndose a la situación económica que atraviesa Bolivia.
Lo propio ocurre con la crisis institucional que ya lleva varios años de existencia. Según Albarracín, la toma militar de la plaza Murillo es un evento más entre otros tantos que afectan a la democracia. Más allá de si fue un intento de golpe o un intento de autogolpe, lo cierto es que “quien termina siendo afectado es el ciudadano de a pie, es la población”, explicó.
Oporto recomienda no olvidar que “desde la economía se puede afectar los derechos humanos”, por lo cual insta a afrontar la situación de inmediato para evitar la carestía, el encarecimiento de precios, un rebrote inflacionario y la constante pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos.
Las familias “pueden empobrecerse mucho más con el desarrollo de la crisis económica y, si queremos realmente evitar que eso suceda, es el momento de tomar las medidas”, sentenció. (Sumando Voces)