Mediante un comunicado emitido por el ente defensor de la democracia, se cuestionó que el sector minero cooperativista mantenga una serie de beneficios que han desencadenado en irregularidades, fruto del modelo corporativo del Movimiento al Socialismo, que beneficia a sectores, socios y aliados, más no así al bien común y a la población boliviana.
“Se benefician de diésel subvencionado para sus operaciones con maquinarias, gozan de exención impositiva, generan contaminación ambiental y de ríos con el uso descontrolado del mercurio, deforestan áreas boscosas sin autorización, irrumpen ilegalmente en áreas protegidas, parques nacionales y territorios indígenas, se aprovechan de la debilidad institucional de la AJAM y otras autoridades, exportan ilegalmente oro a países vecinos vía contrabando, avasallan de forma violenta predios sobre los que no tienen propiedad legal y no aportan beneficios a las poblaciones y municipios donde operan”, señala parte del pronunciamiento.
Así mismo, se denunció que el Ministerio de Minería, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, “han sucumbido” a los intereses del sector cooperativista, producto de la aplicación políticas que han dejado de controlar las exportaciones mineras.
“El sector cooperativista debe dejar de ser parte del gobierno y deben cancelarse todos sus privilegios. Si el gobierno de Luis Arce mantiene la política de beneficios, no estará haciendo otra cosa que dar continuidad al legado nefasto de Evo Morales”, finaliza la nota.