Afirmando que el país se encuentra ante la peor gestión ambiental, sanitaria, hídrica y de defensa del patrimonio natural, desde el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) se exige la abrogación de un paquete de normas “incendiarias” que brinda protección e impunidad a los responsables de provocar incendios, con el fin de ampliar la frontera agropecuaria y a grupos dedicados al avasallamiento y tráfico de tierras.

Mediante un comunicado emitido por el ente defensor de la democracia, se recordó que los cuestionamientos a este tipo de normas no son nuevos y fueron parte de recientes encuentros en los que se determinó exigir la abrogación de las leyes 337, 502, 739, 740, 741, 1171 y 1098, además de los Decretos Supremos 3874 y 3973.

Asimismo, se puntualizó que en abril de 2020, se solicitó al Gobierno transitorio imponer una “cuarentena en los bosques” y derogar las leyes observadas.

“Después de tres años, nuevamente las quemas están generando un daño al medio ambiente y un atentado a la diversidad biológica y nuestro patrimonio natural, con la complicidad del gobierno del MAS, debido a que las políticas públicas no detienen, procesan, ni sancionan a los causantes de este verdadero ecocidio que se repite cada año”, señala parte del documento.

Se menciona que, el Conade denunció la posesión ilegal de autoridades en cargos de Ministerios, Viceministerios y otras entidades, sin cumplir con los requisitos legales para acceder al cargo, así como la designación de autoridades interinas encargadas de administrar áreas protegidas.

“El Ministerio Público ha protegido a las personas denunciadas, por su parte las Salas Constitucionales de Tarija y Santa Cruz han rechazado Acciones Populares en Defensa de la Reserva de Tariquía. Estamos frente a la peor gestión ambiental, sanitaria, hídrica y de defensa de nuestro patrimonio natural”, se señala.

Uno de los principales cuestionamientos expresados por el Conade tiene que ver con el planteamiento de reglamentar la Ley 1171 para prohibir las quemas, cuando en realidad esa Ley Autoriza las «quemas e incendios racionales». La abrogación de esa norma permitiría al Ministerio Público y a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) actuar acorde a la ley.

A esto se suma, que autoridades municipales y departamentales han manifestado públicamente su incapacidad de solucionar este grave problema debido a sus limitaciones estructurales, por lo que se hace necesario pensar en una nueva forma de organización territorial más sencilla, efectiva y verdaderamente descentralizada.

“Bolivia es un país que está perdiendo de forma acelerada sus bosques; sus fuentes de agua superficial; sus áreas protegidas y parques naturales, sus acuíferos, todo esto debe parar”, se indica.

Finalmente, desde el Conade se convocó a la ciudadanía al permanente “estado de alerta” para poder movilizarse en todos los departamentos en defensa del medio ambiente y de la vida.