Afirmando que la agenda de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales supone para los intereses nacionales y para el bien común, la plena vigencia de la democracia, de los derechos fundamentales y del Estado de derecho, desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se destacó la constancia y persistencia de la población en la demanda por la abrogación de normas incendiarias y autoritarias que el poder insiste en mantener vigentes.

Mediante un “manifiesto ambiental” emitido por el ente defensor de la democracia, se resaltó la movilización de organizaciones de la sociedad civil y el Conade, apuntando que las protestas en las calles y la organización unitaria de un movimiento ciudadano ambientalista es importante para la reflexión y el análisis sobre la problemática de los incendios forestales, el agua, además de la preservación de áreas protegidas, parques naturales y territorios indígenas.

“Se realizaron actividades que van desde las académicas y de comunicación educativa, hasta las acciones de calle, las interpelaciones y las propuestas en torno a la certeza de que la democracia sin vida se desvanece, la vida es pues el primer derecho democrático”, indica el documento.

Asimismo, se lamentó que “quemas controladas”, autorizadas y no autorizadas formalmente, se descontrolaron en los hechos. Siendo incluso probable que sean deliberadas y que obedezcan a intereses del nuevo agronegocio en Bolivia, conformado por colonizadores, traficantes de tierras, avasalladores de las mismas, medianos y grandes productores de soya y ganaderos, amén de intereses vinculados al narcotráfico y la política que privilegia los intereses corporativos antes que al bien común.

Se apunta al caso Cofadena, relacionado al alquiler de cuadrículas para la extracción de oro y el pago en oro que hacen las cooperativas a la institución militar, como un ejemplo del rentismo “institucionalizado” que debe ser corregido con una necesaria ley que coloque a las Fuerzas Armadas, conforme a los preceptos constitucionales, al resguardo de los recursos naturales, sobre todo en la interdicción a actividades ilegales de la minería y predadoras de los bosques y áreas protegidas.

Desde el Conade, también se observa que otro factor de presión e intereses particulares sobre la tierra se viene dando a partir del desarrollo del negocio inmobiliario, especialmente en Santa Cruz; donde la expansión de la mancha urbana no responde eficientemente a la demanda de viviendas, sino más bien a las necesidades del negocio inmobiliario, lo que ha ocasionado una alta especulación con el costo del suelo urbano, provocando una expansión de urbanizaciones en tierras forestales o de uso y necesidad ambiental, modificando dramáticamente los usos de suelos. Anteriormente planificados en otras ciudades como Cochabamba, “la mancha urbana se come literalmente los campos destinados a la producción de alimentos”.

También se cuestiona el proyecto de nueva carretera “Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista”, que en el fondo busca replicar lo afirmado en cuanto al efecto inmobiliario de la deforestación o avasallamientos, donde no solo no es necesario, sino en absoluto inconveniente. Porqué, definitivamente afectaría a los acuíferos Güendá-Urubó, Espejillos, el Amboró y zonas de amortiguamiento. “Los antiguos colonizadores, empresarios interculturales ahora aburguesados, buscan nuevamente empatar con los ‘separatistas cruceños’, como competidores y/o como socios”, se señala.

En ese sentido, se sostiene que el país está profundamente interrelacionado, por lo que la deforestación en tierras bajas tiene una vinculación con la falta de lluvias en el Altiplano y los Valles. Los incendios forestales y no forestales, generan una contaminación del ambiente que se materializa en una pérdida de los glaciales andinos, debido al deshielo acelerado por la composición de la nieve con partículas contaminadas.

“Nuestros lagos se secan, como el Poopó y el Titicaca. Las cuencas hídricas y los ríos interconectados, pues son aguas andinas y amazónicas, las de nuestros ríos que nacen en los Andes y llegan hasta el Amazonas -salvo la cuenca del Pilcomayo (también afectada) y de los bañados del Isoso-, están contaminadas por la actividad minera. Las cooperativas auríferas, llevan años contaminando con mercurio los ríos del norte de La Paz, con daños irreparables en la salud humana y de los peces. Y ahora están replicando lo mismo en Santa Cruz y el Beni”.

Frente a un desastre ambiental que debe parar, Conade convoca a toda la sociedad civil a pronunciarse y articular una agenda ciudadana ambiental que demande la abrogación de todo el “paquete de normas incendiarias” y la legislación de nuevas reglas adecuadas a la urgencia y necesidades previsibles.

“Debemos encarar la articulación y organización de la sociedad civil de los municipios afectados, ya por los incendios, ya por la escasez de agua, en redes de reflexión acción, tanto para actividades de respuesta inmediata en las emergencias, cuanto para la movilización ciudadana”.

El Estado debe suspender todas las acciones que desarrolla y que están generando un ecocidio evidente, promoviendo la ampliación de la frontera agrícola para los monocultivos y/o para la consolidación de proyectos inmobiliarios exclusivamente lucrativos, respetando todo lo dispuesto por la Constitución Política del Estado en materias medioambientales.