Señalan que tras el receso parlamentario y la entrega de listas para las elecciones judiciales, no existen excusas para seguir dilatando el tratamiento de normas para hacer ajustes en el gasto público.
> Ante la crisis múltiple que vive el país, plantean que se coloque un tope de 15.000 bolivianos a los salarios del servicio público, además de eliminar las rentas vitalicias para expresidentes.
> Afirman que es necesario limitar los ingresos de funcionarios públicos, por tratarse de cargos políticos y no técnicos ni meritocráticos.

Asegurando que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se deben dar señales y acciones contundentes para hacer frente a la actual crisis económica, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, pidió que esta instancia dé ejemplo de austeridad viabilizando políticas destinadas a reducir gastos en la administración pública y anulando privilegios que benefician a la clase política.
En conferencia de prensa, Pedrazas señaló que tras el receso parlamentario de medio año y la entrega de listas con los candidatos preseleccionados para participar de las elecciones judiciales, ya no existen excusas para seguir dilatando el tratamiento de normas planteadas para hacer ajustes importantes en el gasto público.
“Ya es hora que se dé una respuesta política contundente desde la Asamblea Legislativa y creo que debe ser parte del análisis que la clase política le dé una repuesta al país, dando un ejemplo de política de reducción de gastos insulsos y al mismo tiempo, que expresidentes dejen de tener privilegios”, afirmó el diputado chuquisaqueño en conferencia de prensa.
En ese marco, planteó que ante la crisis múltiple que vive el país, se coloque un tope de Bs 15 mil a los salarios en el servicio público, además de reiterar su pedido para que se apruebe una ley que elimina las rentas vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes.
Asimismo, explicó que Bolivia vive una crisis política, social, institucional y económica que exige respuestas urgentes de sus autoridades, una de ellas pasa por disponer una importante reducción en el gasto público.
Remarcando que la clase política gasta 50.000 millones de bolivianos en salarios por año, Pedrazas explicó que es necesario limitar los ingresos de funcionarios públicos, incluidos aquellos trabajadores de las empresas públicas que son cargos políticos y no técnicos ni meritocráticos, hasta un tope de 15.000 bolivianos mensuales. Esto apunta también al Presidente, Vicepresidente, Ministros, Senadores y Diputados.
Afirmó que asumiendo este tipo de medidas se lograría reducir el gasto público, ante el evidente rechazo del Gobierno para reducir el aparato estatal.
“Esto nos puede generar un ahorro considerable, porque sabemos que el Gobierno no quiere reducir la burocracia, entonces que le reduzca el sueldo al burócrata, para que esos recursos sean invertidos de manera efectiva en la población”, expuso el asambleísta nacional.
El diputado opositor también se refirió al proyecto de ley que planteó en mayo de este año ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, sobre la eliminación de la renta vitalicia para exmandatarios, considerando que darles 25.000 bolivianos al mes a estas personas, no solo es un gasto sino que no se justifica tal beneficio por el solo hecho de haber asumido el mando del país en determinada coyuntura.
El proyecto apunta a la abrogación de la Ley 376 de 2013 que estableció ese “reconocimiento pecuniario vitalicio”, del cual gozan hoy los expresidentes Guido Vildoso, Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, además de los exsegundos mandatarios Víctor Hugo Cárdenas y Álvaro García. La expresidenta Jeanine Añez si bien solicitó acogerse al beneficio, no percibe ingresos por los casos penales montados en su contra.
“Entendemos que algunos han señalado que no cobran (el beneficio), pero queremos ver el papelito porque como son políticos pueden decir una cosa y después en la realidad pasa otra”, apuntó el asambleísta, indicando que hasta la fecha no recibió una respuesta oficial a la Petición de Informe remitida al Ministerio de Economía sobre este tema.
En tal sentido, Pedrazas pidió al titular de la Comisión de Constitución, el oficialista Juan José Jáuregui, dar viabilidad al tratamiento del proyecto presentado, caso contrario corresponde que este sea derivado a plenaria de la Cámara Baja, según reglamento.
“Ahora, sí ellos quieren seguir manteniendo esos privilegios, obviamente no apoyarán este proyecto de ley”, acotó.
Pedrazas concluyó señalando que está dispuesto a rebajar su salario, pues entiende que la clase política debe compartir este momento de crisis que vive el país y dejar de pensar en que un cargo público es vivir del Estado.
Según la ley 376, aprobada en mayo de 2013, durante el gobierno de Evo Morales, se otorga un “Reconocimiento Pecuniario” a las ciudadanas y ciudadanos que hayan ejercido la Presidencia y Vicepresidencia Constitucional del Estado, quienes son beneficiados, de por vida, con un monto equivalente a diez salarios mínimos nacionales mensuales. Este pago se financia con recursos económicos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN).
Este beneficio viene siendo reiteradamente cuestionado por Pedrazas, calificando como vergonzoso que, pese a la crisis económica por la que atraviesa el país, exautoridades se continúen beneficiando con medidas de privilegio, por encima del resto de la población, sin que la clase política plantee soluciones para terminar con esa injusticia. “Los políticos venimos con la convicción de servir a la sociedad”, puntualizó.
Sobre los cuestionamientos de distintos actores políticos y de su propia alianza por promover de esta iniciativa, el parlamentario de oposición señaló que solo cumple con sus funciones en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), asimismo, con el mandato de una población preocupada por la asignación de recursos económicos que se constituyen en un privilegio destinado a beneficiar a un grupo minoritario de la sociedad.