Expresando su preocupación por el estado del proceso para las Elecciones Judiciales en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado boliviano y al Órgano Legislativo, “adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos”.

Mediante un comunicado de prensa publicado en el sitio web oficial de la CIDH, esta instancia advirtió sobre los desafíos que se presentan en el actual proceso para la elección de nuevas autoridades en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, por tratarse de obstáculos que pueden llegar a debilitar el funcionamiento del sistema de justicia en Bolivia.

“En este escenario, urge al Estado, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos”, señala parte de la nota.

Así mismo, se observa que el proceso de preselección de candidaturas, a cargo de la ALP, ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional.

“Si bien la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que, refleja los consensos políticos y agilizaría las elecciones, a la fecha, no se ha convocado a sesión en la Cámara de Diputados para la revisión y aprobación final de este proyecto”, se observa en el documento.

Desde la CIDH además se recuerda que, según estándares interamericanos, los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad y eficacia de los órganos judiciales. Estos procedimientos deben cumplir con los requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social.

Esta instancia señala que todos estos procedimientos deben estar libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

En ese sentido, la CIDH instó al Estado Plurinacional de Bolivia y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia.

“La separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa”, destaca parte de la nota.

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la elección de altas autoridades del sistema de justicia está basada en el sufragio universal. Conforme al cronograma establecido, esta debe llevarse a cabo en 2023 para que las personas electas asuman en sus cargos en enero de 2024. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado la imposibilidad de realizar este proceso electoral en 2023, debido a que la Asamblea Legislativa no ha finalizado la preselección de candidatos y remitido las listas correspondientes para la organización de las elecciones.