“La CPE dice que si se venció el plazo (30 de septiembre en este caso) ya perdió competencia la Cámara de Diputados, ahora le corresponde a la ALP en pleno, tanto diputados como senadores, y dar la respuesta al país”, dijo Alarcón en entrevista con radio Panamericana.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el futuro aún incierto de las elecciones judiciales en Bolivia y urgió a generar consensos para garantizar su realización.

“La CIDH expresa preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia”, cita un comunicado de la mencionada institución internacional.

El proceso para la realización de las elecciones judiciales en Bolivia fue paralizado con la presentación de recursos judiciales y aunque el 31 de agosto, finalmente, se alcanzó el consenso en la Cámara de Senadores llegando a aprobarse un nuevo proyecto de ley transitoria para dichos comicios, hasta ahora no fue tratado en Diputados con una serie de excusas y en medio de una constante polémica protagonizada por distintas fracciones de los políticos.

Conforme al cronograma inicial establecido, estas elecciones se debieron llevar hasta fines de 2023 para que las nuevas autoridades electas asuman sus cargos desde enero de 2024. Sin embargo, hasta ahora no hay ni una ley aprobada que garantice dichos comicios.

Por lo que, “la CIDH urge al Estado Plurinacional de Bolivia, en especial, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento, respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia”, cita otro párrafo del pronunciamiento de la Comisión Interamericana.

Además, la CIDH recordó a Bolivia “que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa”.

Por otro lado, el abogado y docente universitario, Juan Ríos, manifestó que el ordenamiento jurídico en Bolivia, de acuerdo al artículo 410.II de la CPE, se compone por la carta magna, los tratados internacionales, las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena.

En ese marco recordó que la CPE reconoce a la Asamblea Legislativa la atribución de dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas según el Art. 158-I.3 de la norma constitucional. El Art. 163 del texto constitucional citado, define que el procedimiento legislativo concluye con la promulgación de la ley por el Presidente del Estado Plurinacional e inmediatamente se procederá a su publicación en la Gaceta Oficial, momento a partir del cual adquiere vigencia y carácter de obligatorio para toda la población.