Desde 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció a Bolivia por tres casos y notificó al Estado con un nuevo juicio por el caso Terrorismo, todos por incumplimiento de garantías judiciales y falta de respuesta efectiva de la justicia para las víctimas, según observaron los expertos en derechos humanos, Ramiro Orías y Franco Albarracín.
Sumado a la reciente decisión de la CIDH en el caso Hotel Las Américas, Orías indicó que cuatro casos evidencian que la justicia boliviana no hizo su trabajo. La Fiscalía no investigó violaciones de derechos fundamentales, no se cumplieron garantías del debido proceso y hubo retardación de justicia.
Por su lado, Albarracín lamentó que las víctimas hayan tenido que acudir a instancias internacionales en busca de justicia, por la falta de atención en los juzgados y en la Fiscalía. Sin embargo, pese a las sentencias, no hay la voluntad para cumplir con la reparación del daño a las víctimas o sus familias.
La primera denuncia fue por violación de derechos a la integridad, a las garantías judiciales y a la vida en contra de Brisa Angulo Losada, quien después de sufrir abuso y violencia, vivió la retardación de la justicia boliviana tras casi dos décadas sin que el proceso avance.
La segunda fue por la desaparición de Flores Bedregal en el período militar, en la que el Estado es responsable de violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y libertad personal. La tercera, por el caso de Blas Valencia, en la que se declaró responsable al Estado boliviano por actos de tortura y otras vejaciones.
“Las tres sentencias de la Corte Interamericana califican a la justicia boliviana como cruel, que agrede con sus excesos, una justicia que con su omisión y letargo se constituye en un factor de violencia institucional, un segundo agresor que no puede seguir impune”, sostuvo Orías. (Con información de Los Tiempos)